Demanda Tarín ante el Trife al Fiscal y a la Cámara de Diputados

Antonio Enrique Tarín suplente del fallecido diputado de Chihuahua, Carlos Hermosillo, interpuso un Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante la negativa de la mesa directiva de San Lázaro para tomar protesta como diputado federal.

El pasado 28 y 29 de marzo, Antonio Tarín fue escándalo nacional porque llegó a la Cámara de Diputados a tomar protesta y ese mismo día la Fiscalía de Chihuahua le informó a la cámara que el diputado suplente contaba con una orden de aprehensión.

Tarín García pretendía ocupar el cargo que dejó el diputado Carlos Hermosillo, quien falleció en un accidente en la carretera Chihuahua-Parral el 20 de marzo de 2017. Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, no tomó protesta y le pidieron que resolviera primero sus problemas con la justicia de Chihuahua.

El diputado suplente tiene una orden de aprehensión por peculado, delito que le acusa la Fiscalía de Chihuahua, respecto a los actos de corrupción durante el sexenio de César Duarte Jáquez.

Ante la negativa de que se convirtiera en diputado federal y obtuviera fuero constitucional, Antonio Tarín García, permaneció más de 24 horas “atrincherado” en la Cámara de Diputados esperando un amparo y tras conseguirlo evitó que lo detuvieran los agentes de la Policía Ministerial de Chihuahua que permanecían afuera del recinto.

La demanda ante el tribunal electoral la presentó Tarín García el pasado tres de abril. El Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior del Trife, admitió la demanda y la turnó  con el número de expediente SUP-JDC-201/2017 a Janine M. Otálora Malassis, presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En la demanda interpuesta señala como responsables como autoridades a los Integrantes de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, a su presidenta Guadalupe Murguía y al Fiscal General del Estado de Chihuahua, César Augusto Peniche.

La demanda ya se encuentra en etapa de instrucción, puede tardar entre cuatro y ocho semanas en resolverse, según la propia estadística de los Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que ha desahogado el mismo Tribunal Electoral.

A su vez, el Tribunal electoral ya requirió por oficio a la presidenta de la Cámara de Diputados y al Fiscal de Chihuahua, para que contesten la demanda.