Versión oficial sobre el caso Fritag y el desvío de recursos

Con argumentos incriminatorios sólidos, la Fiscalía General del Estado demostró la forma en que Jaime Agustín F.R., probablemente participó en el desvío de 15 millones 600 mil pesos del erario público en la pasada administración, dinero que era para la compra de avión ambulancia.

La representación social detalló ante la Juez de Control que a través de la empresa "Consultores Empresariales Asociados del Golfo", con domicilio Fiscal en Poza Rica, Veracruz, hicieron la simulación del contrato SH/AD/095/2015 por medio de la Secretaría de Hacienda.

El supuesto convenio consistía en la prestación de servicios profesionales de análisis y evaluación de soluciones actuariales para optimizar el ISR, asesoría fiscal, contable y jurídica, por medio de los cuales, la Secretaria de Hacienda le autorizó el 3 de julio del 2015, la suficiencia presupuestal de 12 millones de pesos para dicho contrato, cantidad que entregó en febrero de 2015.

Posteriormente el 7 de septiembre del 2015, realizaron ampliación presupuestal por 3 millones 600 mil pesos, que entregaron en abril de 2016.

Para lo cual, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el cual estaba a cargo de Antonio T. G., quien enfrenta proceso por el delito de peculado, emitió dictamen de excepción y acta de adjudicación directa en favor de la mencionada empresa.

Durante la audiencia trascendió que Jaime Agustín F. R. es propietario de empresas proveedoras de gobierno del estado, trabajaba en el Consejo Ejecutivo del PRI en México y era el intermediario para tener el contacto con las empresas a través de las cuales simularon procedimientos administrativos para la extracción de recursos públicos.

Además, el empresario reunía los documentos y las firmas de las empresas, para que finalmente fueran anexados a los expedientes por Antonio T. G, a quien también le entregaba el dinero.

De acuerdo con la versión de uno de los testigos protegidos, Antonio T. G. lo invitó a trabajar en Gobierno del Estado, en el año 2014, con asesorías y que en el año 2015, comenzó a trabajar en las "Operaciones Especiales" para el desvío de dinero por instrucción del ex gobernador.

También declaró el testigo, que los 15 millones 600 mil eran destinados a la campaña del candidato a gobernador de Chihuahua por Movimiento Ciudadano Cruz Pérez Cuéllar, ya que Duarte quería que ganara cualquier candidato menos el del PAN.

Además destacó que los intermediarios debían ser personas de confianza del gobernador para que no existiera riesgo, entre los cuales están los exfuncionarios actualmente vinculados a proceso Gerardo V. M. y Antonio T. G.

De esta manera, el Agente del Ministerio Público logró que la Juez de Control dictara el auto de vinculación a proceso por su probable participación como cómplice doloso en el delito de peculado y fijaron el plazo de tres meses para el cierre de investigación.