Respalda Carlos III investigación tras detención del expríncipe Andrew🎦

La operación incluye el registro de propiedades vinculadas al exduque en los condados de Berkshire y Norfolk. Entre las medidas adoptadas por las autoridades no se descarta la incautación de dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, ordenadores portátiles y otros sistemas de comunicación que podrían resultar relevantes para el curso de la indagatoria.

Comunicado de Carlos III

Tras conocerse el arresto, el monarca británico emitió un comunicado oficial en el que expresó su preocupación por la situación y reiteró su respaldo al proceso judicial.

“He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público. Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto se investigará de la manera adecuada y por las autoridades competentes. En esto, como ya he dicho, cuentan con nuestro apoyo y cooperación incondicionales. Permítanme ser claro: la ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúa, no sería correcto que hiciera más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos cumpliendo con nuestro deber y servicio para con todos ustedes. Charles R”.

El mensaje subraya que la Casa Real no interferirá en la investigación y que las autoridades cuentan con plena cooperación institucional.

Investigación por “archivos Epstein”

La detención se produce tras nuevas revelaciones surgidas de los llamados “archivos Epstein”, un conjunto de correos electrónicos, documentos e imágenes difundidos desde Estados Unidos.

Parte del material apunta a que Andrés habría compartido información confidencial del Gobierno británico durante su etapa como enviado especial para comercio internacional, cargo que ocupó durante una década. Las pesquisas se centran en determinar si utilizó su posición institucional para trasladar informes sensibles relacionados con viajes oficiales a países como Hong Kong, Vietnam o Singapur.

De confirmarse estos hechos, podrían encuadrarse en el delito de mala conducta en cargo público, una figura penal grave en el ordenamiento jurídico británico, que contempla incluso penas de cadena perpetua.

Otras líneas abiertas

Además de la posible filtración de información gubernamental, las autoridades analizan otras vertientes del caso, entre ellas la presunta llegada al Reino Unido de una mujer cuya situación estaría vinculada con la red investigada.