MORENA sabe problema del narco, por eso reforma electoral: Chávez🎦

El diputado Alfredo Chávez arremetió contra el paquete de reformas constitucionales impulsado por la mayoría oficialista en el Congreso de la Unión, calificando las modificaciones aprobadas bajo la conducción de Ricardo Monreal como un "Frankenstein constitucional".

El legislador lamentó que la actual legislatura sume ya 90 cambios a la Carta Magna mediante lo que denominó una mayoría ficticia, alertando que el fondo de estas reformas hechas al vapor no busca fortalecer la democracia, sino construir un blindaje legal para los funcionarios del régimen.

Chávez cuestionó severamente que la nueva legislación argumente la anulación de comicios por presunta intervención extranjera, señalando que este discurso es un distractor para desviar la atención del verdadero problema: la vinculación de gobernadores y funcionarios de Morena con el crimen organizado.

El diputado acusó que la reforma elude deliberadamente el tema del narcotráfico y recordó que el Partido Acción Nacional propuso, sin éxito, retirar el registro definitivo a cualquier candidato o partido al que se le comprueben nexos con la delincuencia de manera judicial.

Durante su intervención, el legislador panista hizo un recuento de personajes de la vida pública que enfrentan procesos o señalamientos en el extranjero, mencionando los casos en Sinaloa de Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, así como las detenciones de mandos policiales.

Chávez advirtió que la red de complicidades está quedando al descubierto gracias a los medios de comunicación internacionales y las redes sociales que escapan al control gubernamental, anticipando que la lista de mandatarios implicados seguirá creciendo.

Finalmente, el diputado calificó la reforma como un "dulce envenenado" que utiliza la bandera del nacionalismo para dotar de facultades extraordinarias y discrecionales al Tribunal Electoral.

Concluyó que el verdadero propósito de la génesis de esta reforma es silenciar la opinión pública y proteger a los denominados narcopolíticos ante las investigaciones en curso, en lugar de proponer una reestructuración electoral seria que combata la infiltración del dinero ilícito en las urnas.