La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) capacitarán a su personal en integridad física para combatir corrupción y promover derechos humanos en el gobierno.
Por: Redacción 06 Diciembre 2024 15:20
El día de hoy, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) junto con la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno del Estado se preparan para llevar a cabo un importante proceso de capacitación dirigido al personal de ambas instituciones con el objetivo de fortalecer la integridad física y moral en el ejercicio de sus funciones.
Como parte de este esfuerzo, se ha establecido un convenio de colaboración entre la CEDH y la SFP para sensibilizar y capacitar al funcionariado público en temas cruciales como los derechos humanos y la lucha contra la corrupción.
En este marco, se presentó una guía especializada para prevenir el actuar bajo conflicto de interés en las diversas dependencias y entidades de la administración pública estatal.
Durante la firma de este acuerdo, Alejandro Carrasco Talavera, encargado del despacho de Presidencia de CEDH, destacó la importancia de esta iniciativa no solo para las instituciones involucradas, sino también para la sociedad en general.
Subrayó que este convenio contribuirá al fortalecimiento de una cultura basada en la transparencia, rendición de cuentas, legalidad, ética e integridad pública.
Por su parte, el secretario de la Función Pública, Roberto Javier Fierro Duarte, resaltó que los derechos humanos son el fundamento de la función gubernamental y que mediante esta colaboración se buscará impulsar la verdadera vocación de servicio, garantizando principios como libertad, igualdad, no discriminación, seguridad social, alimentación, vivienda, educación y salud.
Se anunció que el personal de la CEDH y la SFP recibirá capacitaciones especializadas que abordarán la perspectiva humanista de los derechos, la prevención de conflictos de interés y la promoción activa de la lucha contra la corrupción.
El objetivo final es alinear todas las acciones del gobierno estatal con los más altos estándares en derechos humanos, fortalecer la integridad de las instituciones y prevenir cualquier forma de conflicto de interés que pueda surgir en el ejercicio de sus funciones.





