"Quieren impunidad"; hostiga juez y FGR a FACH en corralazo de 98 mdp

Similar a Alejandro Gutiérrez "La Coneja", exsecretario del PRI, cuyo caso se llevana ante un juzgado local y fue atraido en 2017 por la Federación; ahora ocurre un 'conejazo' similar en la acusación contra Javier Corral y el despacho López Elías.

En el proceso de desvío supuestamente de 98.6 millones de pesos para la reestructura de la deuda del Estado de Chihuahua.

Amparo activa el Conejazo

De acuerdo con la Fiscalía, dentro del amparo 547/2026, el Juzgado Décimo de Distrito emitió desde el pasado 14 de agosto una sentencia definitiva en la que reconoció al Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Hacienda, como víctima por el presunto delito de peculado agravado relacionado con esos recursos.

Sin embargo, la FACH señaló que el 24 de agosto el juez penal federal Roberto Antonio Alcoverde Martínez decidió asumir competencia sobre el asunto y desconoció a Hacienda como víctima.

La dependencia calificó esta actuación como ilegal y aseguró que el juzgador ya había sido advertido de la existencia de una suspensión definitiva otorgada al Estado de Chihuahua.

La Fiscalía sostuvo que la actuación del juez podría encuadrar en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo.

Añadió que el juez federal Alcoverde Martínez ya había sido denunciado previamente ante el Tribunal de Disciplina Judicial y que también se denunció el supuesto incumplimiento de la suspensión.

Denuncian presión y tráfico de influencias

La Fiscalía Anticorrupción acusó además un presunto “hostigamiento sistemático” y tráfico de influencias por parte de funcionarios de la Fiscalía General de la República y del propio juez federal.

Según la versión de la FACH, estas actuaciones estarían relacionadas con uno de los imputados que actualmente cuenta con inmunidad constitucional y preside la Comisión de Justicia del Senado de la República, "J.C.J.", sin nombrar al exgobernador Javier Corral.

La autoridad sostuvo que mediante requerimientos y resoluciones que considera fuera de la ley se pretende intimidar a sus funcionarios y conseguir, afirmó, “la impunidad” en el caso.

Sobre el conflicto para determinar si el proceso correspondía a autoridades estatales o federales, la Fiscalía señaló que un Tribunal Colegiado resolvió únicamente respecto de uno de los imputados, J.C.J., por lo que consideró concluida esa controversia en ese punto.

La FACH cuestionó además el origen de los recursos involucrados: “¿De qué cuenta, y de dónde salieron los 98.6 millones de pesos?”, planteó en su posicionamiento.

Finalmente, la Fiscalía aseguró que continuará con las acciones legales disponibles para defender el dinero público de los chihuahuenses.

“No nos vamos a dejar intimidar”, sostuvo la institución, al señalar que llevará el caso hasta las últimas instancias para defender, dijo, “los recursos que les pertenecen a los chihuahuenses”.