Celebra Coparmex ley vs extorsión; pide justicia para pymes afectadas

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ceelró la reciente aprobación por parte del Congreso de la Unión de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, destacando la importancia de este avance legislativo en la lucha contra un delito que, según la patronal, amenaza la seguridad, la actividad productiva y la estabilidad social del país.

Esta nueva legislación responde a un reclamo de la sociedad y el sector empresarial, que han solicitado con urgencia una respuesta contundente ante la creciente ola de extorsiones que afecta especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), uno de los motores clave de la economía mexicana.

En este contexto, COPARMEX ha subrayado que la ley representa un paso importante para cerrar espacios a la impunidad y fortalecer la colaboración entre las autoridades federales, estatales y locales en la erradicación de este delito. En México, las extorsiones no solo generan un grave impacto en la seguridad de las personas, sino que también tienen un costo económico significativo: tan solo en 2024, el delito de extorsión provocó pérdidas superiores a 21 mil millones de pesos, sin contar la cifra negra de denuncias no realizadas.

El organismo destacó que el informe #DataCOPARMEX revela que el 12.8% de las empresas afiliadas a la confederación han sido víctimas de extorsión, principalmente a través de llamadas telefónicas (70.5%), lo que ha generado un clima de desconfianza que impacta las decisiones de inversión y crecimiento.

"En efecto, casi el 50% de los empresarios considera que la inseguridad es el principal obstáculo para el desarrollo empresarial en México", expuso la Coparmex.

Medidas Clave para la Implementación de la Ley

Para que la nueva ley sea efectiva, Coparmex señaló tres acciones indispensables para garantizar su correcta implementación:

1. Garantizar un presupuesto adecuado para las tareas derivadas de la implementación de la ley, asegurando recursos suficientes para las autoridades encargadas.

2. Capacitar a las fuerzas de seguridad, fiscalías y jueces para que la ley se aplique de forma efectiva, con personal competente y bien preparado.

3. Sensibilizar a los gobiernos locales sobre la necesidad de homologar sus legislaciones, a fin de lograr una aplicación coherente y coordinada de la ley a nivel nacional.