Reforma busca sancionar acoso y abuso en el servicio público: Soto

El proyecto, presentado ante el Pleno por la diputada Irlanda Márquez Nolasco, del Partido del Trabajo, en representación de la Comisión de Justicia, fue impulsado por el Grupo Parlamentario del PAN con el argumento de que la actual legislación deja sin sanción administrativa conductas que solo pueden castigarse en el ámbito penal.

«Es una reforma que cierra el paso a los servidores públicos que abusan de su posición para acosar o ejercer violencia sexual. Si bien la ley penal ya contempla sanciones, existía una omisión en la Ley de Responsabilidades Administrativas», declaró el legislador.

De acuerdo con el dictamen aprobado, la propuesta adiciona los artículos 57 Bis, Ter, Quater y Quinquies a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para establecer definiciones claras sobre acoso y hostigamiento sexual, abuso sexual y acoso laboral. Además, incorpora la perspectiva de género en los procedimientos y amplía las medidas cautelares en favor de las víctimas.

El PAN justificó la reforma señalando que «es sorprendente que estas figuras no se encuentren contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya que sí están previstas en otras leyes de carácter general, tratados y convenciones internacionales».

El documento aprobado advierte que la ausencia de regulación administrativa ha impedido sancionar con prontitud a funcionarios que incurren en conductas de acoso, lo que agrava el deterioro del ambiente laboral y mina la confianza en las instituciones.

Datos del informe «Acoso, violencia y hostigamiento laboral» de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) revelan que solo en 2017 cerca de 18 mil personas renunciaron a sus empleos tras sufrir acoso laboral. En tanto, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) documenta que el 21.9% de las mujeres asalariadas en México han sido víctimas de discriminación o acoso en su entorno de trabajo.

«No basta con ser éticos; debemos garantizar que el Estado no sea cómplice del abuso. Esta reforma es un paso más hacia un servicio público con integridad y con respeto a la dignidad de las personas», sostuvo Soto Prieto.

El dictamen será enviado al Congreso de la Unión, que analizará y su discutirá su posible incorporación a la legislación nacional.