El abogado, Martín Aguilar presentó el 7 de mayo una denuncia penal por peculado contra tres funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE): el superintendente, el director comercial y Harold Polanco, director de atención ciudadana. La denuncia surgió tras la devolución de dinero que esos servidores conservaron durante un año.

La acusación se ingresó ante la fiscalía luego de que, durante entrevistas, los funcionarios reconocieron la retención de fondos y entregaron recursos. El denunciante explicó que Conrado firmó la denuncia en su nombre debido a que él estuvo de vacaciones cuando se inició el trámite.

En la fiscalía, comentaron que no existía denuncia en su contra por un supuesto allanamiento de oficina. El denunciado argumentó que la CFE es una dependencia pública y debe permitir el acceso de usuarios que reclaman o aclaran cobros, por lo que el abogado insistió en la legalidad de su actuación.

Los denunciantes acudieron a la Ciudad de México y llevaron expedientes ante la Presidencia. La presidenta respondió y señaló que pondrían a disposición del Ministerio Público a los funcionarios locales. El abogado solicitó además la suspensión inmediata de los implicados y entregó escritos sellados dirigidos a diversas dependencias.

Además de la queja contra la CFE, los expedientes incluyeron irregularidades en el Instituto Mexicano del Seguro Social, como falta de médicos y equipo, retrasos en operaciones y tráfico de medicamentos oncológicos, denuncias por extorsión a transportistas —con mención de Salvador Parra— en retenes de Cuencamé y Precos, y cobros indebidos en la Junta Municipal de Agua.

Los denunciantes afirmaron que Marcos Licón se comprometió a clarificar cuentas y detener embargos y remates derivados de facturaciones supuestamente inventadas.

Se presentaron también quejas ante asuntos internos por el comportamiento de los servidores públicos.