Votos pesan más que la ley;usar IA anularía elecciones: Roberto Rascón🎦
En materia electoral, los votos pesan más que la ley, aunque la norma existe para protegerlos, afirmó el abogado y especialista en Derecho Electoral Roberto Luis Rascón Maldonado. Advirtió que, en el proceso que arrancó este 1 de octubre en Chihuahua, la violencia política en razón de género y el uso indebido de recursos públicos son los dos riesgos principales para quienes aspiren a un cargo de elección popular.
Por: Redacción 01 Octubre 2026 16:07
"Sin lugar a duda, los votos", respondió el académico al preguntarle qué tiene mayor peso en una elección. Explicó que la norma y los principios constitucionales son los que resguardan esa voluntad, y que el resultado final también depende de la estrategia de los abogados, ya sea para defender un triunfo o para revertirlo.
En entrevista para Tiempo.com.mx y Puente Libre MX, el especialista señaló que el proceso electoral local 2026-2027 contempla la elección de cerca de 846 cargos. Entre ellos están la gubernatura, 33 diputaciones (22 de mayoría relativa y 11 de representación proporcional), 67 presidencias municipales, más de 600 regidurías, de las cuales 14 son indígenas y se elegirán por sistemas normativos, y 67 sindicaturas. Chihuahua, precisó, es el único estado que elige las sindicaturas en una boleta aparte.
La jornada electoral será el primer domingo de junio del próximo año. Sin embargo, el abogado aclaró que el proceso no termina con la votación, sino hasta la toma de protesta, y que la etapa más compleja comienza después de las elecciones.
Violencia política de género, "la reina de las causales"
Para el especialista, la violencia política en razón de género es "la reina de las causales" por las que se puede cancelar una candidatura o anular una elección. Agregó que ha tenido más peso en ese sentido que otros temas, como el principio de laicidad.
Explicó que tanto hombres como mujeres deben cuidar el contenido de sus discursos en redes sociales, medios de comunicación y actos públicos, ya sean gubernamentales o partidistas. Además, las frases se analizan de manera integral. Por ello, consideró que los equipos jurídicos de cada aspirante, y no solo los de los partidos, deben contar con lineamientos propios y capacitar a sus candidatos para no incurrir en este tipo de ilícitos.
Recursos públicos y actos anticipados
El segundo riesgo que señaló es el uso indebido de recursos públicos. Este no se limita al dinero: también incluye el parque vehicular y el personal de las dependencias. Coaccionar a trabajadores para apoyar una candidatura, dijo, es de los ilícitos más complejos. Lo mismo ocurre con condicionar la entrega de programas sociales para favorecer a un partido o aspirante.
Desde el arranque formal del proceso, añadió, todos los días y todas las horas son hábiles para las autoridades electorales. Esto significa que una resolución puede notificarse un domingo a las 11 de la noche y el plazo comienza a correr desde ese momento. A quienes tienen aspiraciones les recomendó mesura, para evitar actos anticipados de precampaña o campaña que puedan ser sancionados por el instituto o el tribunal.
Ganar en la mesa: el caso Juárez 2018
Como ejemplo de una elección resuelta en tribunales, el abogado citó la elección de Ciudad Juárez en 2018 entre Héctor Armando Cabada Alvídrez y Javier González Mocken. En ese caso, un recuento modificó la votación tras detectarse errores en el llenado de las actas, con una diferencia menor a mil votos. Según el especialista, ahí se privilegió la votación por encima de otras cuestiones legales. Precisó que estos casos son mínimos, pero que una elección sí puede ganarse "en la mesa" y, si no, anularse y dar paso a elecciones extraordinarias.
Sobre el papel de los tribunales, recordó que existe jurisprudencia que obliga a conservar los actos válidamente celebrados y respetar la voluntad ciudadana. Señaló que el Tribunal Estatal Electoral, la Sala Regional Guadalajara y la Sala Superior trabajan con base en principios constitucionales y no en interpretaciones literales de la norma. Añadió que los nuevos magistrados electos por voto popular, algunos de los cuales conoce, han trabajado durante años bajo esos mismos criterios.
Justicia integral y paridad efectiva
El especialista indicó que el Derecho Electoral busca una justicia integral. Esta parte de la voluntad expresada en las urnas, pero también protege otros derechos, como la paridad de género y los de pueblos indígenas, grupos en situación de desventaja y los propios candidatos.
En ese sentido, recordó que Chihuahua fue pionero en establecer en la ley la paridad efectiva. Esta surgió a partir de sentencias del Tribunal Estatal Electoral en 2016 y de una reforma en 2017, luego de que algunos partidos postulaban mujeres en distritos donde siempre perdían. Explicó que, por estas acciones afirmativas, en algunos casos una mujer con menos votos que un hombre puede obtener el cargo para garantizar la paridad.
Redes sociales e inteligencia artificial
En cuanto a redes sociales e inteligencia artificial, el abogado consideró prácticamente imposible que el Derecho Electoral detenga la creación de páginas y perfiles dedicados a la propaganda gris, la propaganda negra o la difusión de noticias falsas sobre candidaturas. Explicó que, aunque la autoridad puede ordenar a una plataforma bajar temporalmente una publicación, con inteligencia artificial es posible generar decenas de publicaciones nuevas en otros perfiles.
Sin embargo, precisó que las autoridades electorales tienen facultades legales para rastrear quién pagó la publicidad en plataformas como Facebook, TikTok o Instagram. Si un actor político financia esa difusión, advirtió, enfrentará sanciones.
El especialista también previó el uso de inteligencia artificial en la llamada guerra sucia y en la publicación de encuestas. Recordó que, para ser válida, una encuesta debe estar registrada ante el instituto y mostrar su metodología. A su juicio, las páginas falsas atentan contra el principio constitucional de una ciudadanía bien informada.
Cuestionado sobre si una elección podría anularse por el mal uso de la inteligencia artificial, respondió que sí, pero solo si concurren varios factores. Entre ellos mencionó identificar quién pagó la difusión, la cantidad de publicaciones, el contenido de los mensajes y el número de personas alcanzadas. Si la diferencia en la votación es menor al 1 por ciento, consideró muy probable que la elección pueda anularse.
Bases jurídicas sólidas desde las sentencias
Sobre el marco jurídico, sostuvo que el proceso inicia con bases sólidas. Aclaró que estas no provienen tanto de la legislación, a la que calificó de escueta, sino de las sentencias que desde 1996 han emitido los tribunales electorales. Como ejemplo citó la elección judicial, cuando la Sala Superior determinó que las mujeres con más votos podían competir también frente a los hombres, aunque eso no estaba previsto en la ley. "Quien tiene la pauta es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación", afirmó.
Agregó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó recientemente parte de la reforma electoral de Chihuahua y avaló la facultad reglamentaria de la autoridad electoral. Anticipó que el instituto local emitirá lineamientos sobre paridad de género y acciones afirmativas para grupos en situación de vulnerabilidad, los cuales, previó, serán impugnados por los partidos políticos.
La elección más competida en 15 años
A nivel federal, consideró que este proceso será una prueba para que los magistrados electos por voto popular demuestren que su compromiso es con la Constitución y no con personas o grupos que los hayan apoyado.
En el ámbito local, anticipó que será la elección más competida en los últimos 15 o 16 años. Precisó que la precampaña inicia en diciembre y que la figura de coordinadores, bajo la cual ya se conoce a varios perfiles, no tiene valor para el Derecho Electoral.
Rascón Maldonado tiene especialidades en Argentina y España y está en el área electoral desde 2013. Expresó su confianza en que, al menos en Chihuahua, se garantizará la voluntad popular.
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