Exige Cabildo al Gobierno Federal proteger comunidades rarámuris

La edil señaló que, aunque en los últimos años se han impulsado mecanismos de atención desde los gobiernos estatal y municipal, persisten pendientes importantes por parte de las autoridades federales en materia de protección y atención a los pueblos originarios.

Barajas González afirmó que las inspecciones realizadas en campos agrícolas y zonas con presencia de jornaleros indígenas han sido insuficientes para detectar y prevenir posibles casos de explotación laboral, trabajo forzado o trata de personas. Asimismo, cuestionó la efectividad de los programas y acciones implementados por instancias federales encargadas de la atención de comunidades indígenas.

Como resultado de la propuesta, el Cabildo aprobó una serie de exhortos dirigidos a distintas autoridades. Entre ellos, se solicitó al Gobierno del Estado y al Municipio fortalecer los mecanismos de atención integral para familias rarámuri que han sido desplazadas por la violencia y actualmente residen en la capital del estado.

También se pidió al Gobierno Federal reforzar las acciones de prevención, detección y atención de posibles casos de explotación laboral, servidumbre o trata de personas que afecten a integrantes de comunidades indígenas.

Además, se exhortó a la Fiscalía General de la República a investigar denuncias e indicios relacionados con estos delitos, así como al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para implementar medidas de información, prevención y protección dirigidas a sectores indígenas en situación de vulnerabilidad.

Durante su intervención, la regidora destacó que Chihuahua ha impulsado acciones institucionales para fortalecer la atención a los pueblos originarios, entre ellas la creación de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas en el ámbito estatal y la instalación de una comisión especializada en comunidades indígenas dentro del Ayuntamiento de Chihuahua.

Finalmente, Barajas González sostuvo que la protección de la dignidad, libertad y seguridad de las comunidades indígenas debe ser una prioridad para todos los niveles de gobierno, particularmente ante los riesgos que representan el desplazamiento forzado y la explotación laboral.