Denuncian penalmente exalcaldes de Juárez a Cruz Pérez Cuéllar🎦

Una denuncia penal por los delitos de peculado y uso indebido de facultades fue interpuesta formalmente ante la Fiscalía Anticorrupción en la ciudad de Chihuahua en contra del alcalde con licencia de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

La acción legal fue encabezada y presentada por los exalcaldes de Ciudad Juárez, Gustavo Elizondo y Ramón Galindo, quienes señalaron un presunto daño patrimonial al erario juarense por un monto superior a los 105 millones de pesos, derivado de la contratación irregular de ocho máquinas barredoras.

De acuerdo con lo expuesto durante la presentación de la carpeta de investigación, los exediles explicaron que el Municipio de Juárez celebró un contrato plurianual por 29 meses con la empresa PYPRA.

Bajo dicho esquema, el ayuntamiento pagó un promedio de 13.2 millones de pesos (alrededor de 750 mil dólares) por el arrendamiento de cada unidad, cifra que contrasta ampliamente con el valor real de mercado de estos vehículos, estimado en un máximo de 55 mil dólares por unidad.

Elizondo y Galindo recalcaron que la licitación presentó múltiples irregularidades, como la falta de estudios técnicos que justificaran la conveniencia del contrato y tiempos reducidos para impedir la participación de otros proveedores.

Asimismo, denunciaron que la compañía adjudicada tenía un giro comercial microindustrial enfocado en insumos eléctricos que le impedía legalmente facturar montos superiores a los 4 millones de pesos anuales, rebasando dicho límite al facturar más de 30 millones por año sin contar con un registro previo de propiedad sobre las barredoras.

Finalmente, los denunciantes enfatizaron que el contrato estipulaba el barrido de 411 kilómetros diarios —distancia equivalente al trayecto entre Ciudad Juárez y Delicias— a un costo de 354 pesos por kilómetro, metas que calificaron como irreales e inverificables por la ausencia de bitácoras oficiales.

Por estas razones, solicitaron a la fiscalía dar vista al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para investigar las declaraciones fiscales de la empresa implicada y deslindar responsabilidades penales contra los funcionarios involucrados.