Instalan Mesa Técnica por iniciativa contra delito de acecho

Presentada el 22 de abril por la diputada Leticia Ortega Máynez, quien forma parte del Grupo Parlamentario de Morena, la propuesta legislativa pretende contemplar este delito en el Código Penal del Estado y diferenciarlo de otras conductas como el hostigamiento o el acoso. 

El documento, registrado con el número de Asunto 787, define el acecho como una «conducta reiterada o sistemática que incluye seguimiento físico, vigilancia, contacto insistente o intromisión en la vida privada de la víctima». 

Este delito —según indica en el escrito la legisladora— suele cometerse de manera presencial, digital o a través de terceras personas y genera un estado de temor fundado, perturbación emocional o vulneración de la privacidad, libertad o seguridad individual.

Por consiguiente, contempla adicionar el Artículo 176 Quáter al Capítulo III Bis del Código Penal, de forma que incurre en acecho toda persona que vigile, sigue, se aproxime sin consentimiento o se comunique de forma insistente hacia una persona, sin necesidad de que ocurra un contacto físico. 

En cuanto a las penas, Ortega Máynez propone añadir el Artículo 176 al mismo Capítulo para imponer de uno a tres años de cárcel, así como de doscientas a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, desde $22 mil 628 hasta $56 mil 570 pesos. 

La sanción aumentará hasta en una mitad en cuatro escenarios: cuando la víctima sea mujer, niña, niño o adolescente; cuando exista una relación de parentesco, sentimental, afectiva, docente o laboral o cualquier otra que implique confianza o jerarquía; cuando el acecho se realice por medio de redes sociales; y en caso de reincidencia o incumplimiento de medidas de protección. 

Además, se podrán aplicar medidas de protección inmediata y se garantizará el acceso de la víctima a servicios de atención psicológica, legal y de resguardo. 

La Mesa Técnica Institucional, entre otras, incluye también la iniciativa denominada Ley Alina, que busca reconocer en Chihuahua la legítima defensa en casos de violencia de género que abarquen violencia física, psicológica, sexual, familiar o feminicida.