Línea de tiempo: Así buscó Corral el "conejazo"
La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua denunció que el exgobernador y actual senador Javier Corral Jurado busca que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación en su contra por el presunto peculado agravado de 98.6 millones de pesos, derivado de la reestructuración de la deuda estatal.
Por: Redacción 11 Noviembre 2025 12:21
El fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela, señaló que el movimiento jurídico de Corral intenta sustraer el caso del ámbito local, pese a que las investigaciones corresponden al fuero común. Recordó además que esta situación evoca el precedente ocurrido durante el propio gobierno de Corral, cuando la FGR atrajo la causa penal contra Alejandro Gutiérrez, exsecretario general del PRI, por el desvío de 246 millones de pesos, en lo que se conoció como el “Conazo”, quitándole competencia a la Fiscalía estatal.
En aquel entonces, el propio Corral acusó públicamente al gobierno federal de haber “arrebatado” la causa a Chihuahua y de negarle el carácter de víctima al Estado.
En 2024, Corral evitó ser detenido en la Ciudad de México luego de que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentara ejecutar una orden de aprehensión en su contra por este mismo caso de peculado. Agentes ministeriales del estado lograron ubicarlo en la capital del país; sin embargo, elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México intervinieron y evitaron su detención, alegando falta de competencia territorial.
El operativo se realizó semanas antes de que Corral tomara protesta como senador, lo que posteriormente le otorgó fuero constitucional, impidiendo que la Fiscalía estatal avanzara en el cumplimiento de la orden judicial. Desde entonces, el proceso ha quedado sujeto a controversias legales y recursos interpuestos por la defensa del exgobernador.
Línea del tiempo del caso “Conejazo” (solicitud de atracción de la FGR)
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13 de octubre de 2025:
Se llevó a cabo una audiencia de incompetencia por inhibitoria ante el juez federal Roberto Antonio Alcoverde Martínez, quien aceptó la competencia legal del caso —identificado como causa penal 3050/2024— sin notificar a la Secretaría de Hacienda del Estado, considerada víctima en el proceso. -
20 de octubre de 2025:
El mismo juez recibió formalmente el requerimiento de atracción por parte de un agente del Ministerio Público de la Federación, perteneciente a la FGR en Investigación de Asuntos Relevantes, instruyendo que la carpeta fuera remitida a la autoridad federal. -
21 de octubre de 2025:
La Secretaría de Hacienda de Chihuahua interpuso un amparo indirecto para revertir la decisión y mantener el caso dentro de la jurisdicción estatal. -
27 de octubre de 2025:
Una jueza de distrito concedió la suspensión provisional, impidiendo temporalmente que el expediente fuera trasladado a la FGR. -
31 de octubre de 2025:
El juez Alcoverde estaba obligado a celebrar una nueva audiencia con todas las partes, pero Javier Corral solicitó el diferimiento, posponiendo la diligencia. -
4 de noviembre de 2025:
Se realizó una audiencia de competencia, a la que Corral no asistió; en su lugar, comparecieron representantes de la Fiscalía Anticorrupción, Hacienda estatal y el Ministerio Público Federal. -
6 de noviembre de 2025:
La Jueza Décima de Distrito resolvió a favor del gobierno estatal, otorgando la suspensión definitiva del acto reclamado, con lo que se frenó la pretensión de Corral de trasladar el caso a la FGR, reafirmando que el proceso debe continuar en el fuero local.
Controversia y antecedentes
El fiscal Valenzuela advirtió que esta maniobra representa un intento por “despojar a Chihuahua del ejercicio de justicia en un tema que compete a sus ciudadanos”. Subrayó que la audiencia original se realizó de forma furtiva, sin que la parte afectada fuera notificada, lo que vulneró el derecho de audiencia de la Secretaría de Hacienda estatal.
El caso, conocido como el “Conejazo”, refiere a un presunto desvío de 98.6 millones de pesos durante la administración de Corral, supuestamente utilizados con fines distintos a los aprobados en la reestructuración de la deuda pública.
Con la suspensión definitiva dictada el 6 de noviembre, la Fiscalía Anticorrupción mantiene la conducción del caso.



