Se desmorona narrativa de que no hay pruebas de narcopolítica: Vázquez

Ante el reporte de que presuntamente congelaron cuentas al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador panista por Chihuahua reaccionó.

Lo que ha pasado en últimas horas “está derrumbando la narrativa oficial de que nada estaba pasando en Sinaloa”, afirmó el senador del PAN, Mario Vázquez, al señalar que las investigaciones y acciones financieras recientes exhiben posibles redes de protección política vinculadas al crimen organizado.

El legislador chihuahuense sostuvo que el congelamiento de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como investigaciones e intervenciones contra exintegrantes del aparato de seguridad estatal, vuelven cada vez más difícil sostener que no existían indicios o advertencias sobre la situación en la entidad.

Mario Vázquez aseguró que el problema “ya no se puede reducir a un individuo”, pues consideró que se está revelando “el tejido político-criminal que funcionó durante años bajo el amparo de la protección política y que dejó al pueblo de Sinaloa atrapado entre la violencia y la impunidad”.

El senador recordó que durante y después del proceso electoral de 2021 existieron acusaciones públicas, investigaciones periodísticas y denuncias sobre presuntos vínculos entre actores políticos y grupos del crimen organizado.

Asimismo, consideró que las recientes renuncias, investigaciones, incautaciones financieras y procesos relacionados con autoridades estadounidenses demuestran que “la tesis de que no había evidencia se está desmoronando”.

El senador panista también pidió al Gobierno de México actuar con responsabilidad institucional y cumplir con los mecanismos de cooperación y tratados internacionales vigentes.

“Lo que la gente quiere y espera es justicia. Que el poder político nunca más esté por encima de la ley o al servicio de intereses criminales”, expresó.

Finalmente, advirtió que Sinaloa necesita recuperar la estabilidad y la confianza en sus instituciones, y subrayó que “el país no puede normalizar ningún nivel de complicidad entre autoridades y grupos criminales”.