México no aceptará injerencia extranjera en elecciones de 2027: Clau
La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió este domingo que México no permitirá ningún intento de intervención extranjera en el proceso electoral de 2027, luego de que la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para extraditar a funcionarios mexicanos en activo encendiera las alertas sobre una posible interferencia en los asuntos internos del país.
Por: Redacción 31 Mayo 2026 12:16
"México no es piñata de nadie", afirmó desde el Monumento a la Revolución, al cuestionar si la petición de extradición obedece a un genuino interés por combatir a la delincuencia organizada o si, en cambio, responde a los intereses de sectores de la ultraderecha estadounidense que buscan posicionarse rumbo a sus propias elecciones de 2026 o influir en los comicios mexicanos del año siguiente.
La mandataria amplió el concepto de soberanía más allá del territorio para incluir el ámbito informativo, al sostener que las campañas digitales de desinformación constituyen también una forma de injerencia. "La soberanía vive en el territorio, pero también hay que ser claros: vive en la información", señaló, en lo que planteó como una nueva dimensión de la defensa de la independencia nacional.
La línea que no se cruzará
Sheinbaum trazó una distinción entre cooperación e injerencia al afirmar que cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no, se busca presionar a las instituciones mexicanas desde fuera o se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos internos, "ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia".
Sostuvo que la FGR ha procedido contra autoridades de todos los partidos políticos cuando se ha comprobado su vinculación con actividades criminales, y presentó como evidencia de los resultados propios en seguridad una reducción del 49 por ciento en homicidios dolosos y del 20 por ciento en delitos de alto impacto en 20 meses de gobierno.
Respecto a la relación con Estados Unidos, la presidenta reiteró su postura de que para reducir la violencia en México es indispensable que el gobierno vecino detenga el tráfico ilegal de armas hacia el país, atienda el consumo de drogas en su territorio y rompa las cadenas de distribución y lavado de dinero que ocurren al norte de la frontera.





