Pedir más pruebas en caso Rocha Moya es legal y recíproco: SRE

Durante La Mañanera del Pueblo, el funcionario afirmó que tanto México como Estados Unidos acostumbran requerir pruebas complementarias cuando consideran insuficientes o poco claras las solicitudes de detención provisional con fines de extradición.

“Es una práctica común entre los dos países que se requieran elementos adicionales; no es algo fuera del tratado ni fuera del derecho”, sostuvo.

Velasco presentó cifras oficiales sobre los procesos de extradición entre ambos países. Indicó que del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, México ha solicitado 269 extradiciones a Estados Unidos, de las cuales ninguna ha sido concretada hasta el momento.

Detalló que 36 solicitudes ya fueron negadas y 233 continúan pendientes de resolución. De estas últimas, 183 corresponden a solicitudes formales de extradición y 50 a detenciones provisionales con fines de extradición.

Subrayó que en 47 de esas 50 solicitudes de detención provisional, el gobierno estadounidense pidió información adicional antes de avanzar en los procedimientos.

“Las tres restantes ya habían sido litigadas, pero en 47 de 50 casos Estados Unidos solicitó presentar información adicional”, explicó.

El canciller citó además diversos ejemplos en los que autoridades estadounidenses exigieron mayores elementos antes de continuar con procesos solicitados por México, entre ellos casos relacionados con delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, trata de personas y factureras.

Entre los expedientes mencionó el de Francisco Javier “N”, exgobernador de Tamaulipas; Víctor Manuel “N”, ligado a empresas factureras; y otros presuntos integrantes de grupos criminales.

Velasco explicó que cada país realiza una valoración propia sobre los riesgos, la gravedad de los delitos y los elementos jurídicos antes de autorizar una extradición o una detención provisional.

Asimismo, recordó que el proceso inicia con una revisión diplomática de la Secretaría de Relaciones Exteriores y posteriormente se remite a la Fiscalía General de la República y a jueces federales para su análisis judicial.

“Nuestra postura es legal, convencional, recíproca y previsible; es la forma en que históricamente han actuado ambos gobiernos y garantiza el debido proceso”, afirmó.

Finalmente, reiteró que México mantiene cooperación internacional en materia de justicia “con apego al derecho y respeto a la soberanía nacional”.