Penas contra servidores públicos, casos de violencia de género: Ortega

La legisladora expuso que, a pesar de los instrumentos jurídicos internacionales, nacionales y locales para combatir la violencia contra la mujer, persisten irregularidades en la impartición de justicia.

Estas incluyen demoras en la iniciación de investigaciones, lentitud o inactividad en los expedientes, pérdida de información y la falta de consideración de las agresiones a mujeres como parte de un fenómeno de violencia de género.

Según informó la legisladora, Chihuahua se encuentra entre los primeros lugares con mayor número de presuntos delitos de feminicidios. Juárez mantiene el primer lugar de 100 municipios del país en este delito, además de ocupar el quinto lugar en homicidios dolosos contra las mujeres y primeros lugares en violencia familiar, violación y abuso sexual, así como el segundo lugar en llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer.

La atención de los servidores públicos a mujeres víctimas de violencia es crucial para preservar su integridad, según la diputada, quien resaltó que la falta de perspectiva de género en la atención de juicios con estas características, ya sea por negligencia o corrupción, puede exponer innecesariamente a la mujer frente al agresor.

La iniciativa presentada busca que los servidores públicos responsables de la procuración de justicia, al tener conocimiento de antecedentes de violencia grave hacia una mujer y, por acción u omisión, se cometa el delito de feminicidio, sean penalmente responsables. La propuesta contempla penas de prisión de dos a siete años, multas de 500 mil a 500 días y la destitución e inhabilitación de cinco a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Asimismo, propone que cuando la autoridad responsable tenga conocimiento de antecedentes que establezcan amenazas, acoso, violencia u otras formas de agresión hacia una mujer, y contribuya a que posteriormente se cometa el delito de feminicidio, se impongan penas de prisión de tres a ocho años, multas de mil a dos mil 500 días, con la misma destitución e inhabilitación.