Programa Fraccionamientos al 100 avanza en regularización

La síndica municipal de Chihuahua, Olivia Franco, destacó que estos resultados son producto de la coordinación institucional y del trabajo técnico y jurídico sostenido, lo que ha permitido brindar certeza jurídica y mejores condiciones de vida a miles de familias.

“Con el programa Fraccionamientos al 100 refrendamos que, cuando hay coordinación institucional y voluntad, los resultados llegan a la gente”, expresó la funcionaria, al subrayar que estas acciones contribuyen a cerrar rezagos históricos en materia de servicios y regularización urbana.

Durante 2025 se realizaron nueve mesas técnicas de trabajo, mecanismo que facilitó los acuerdos necesarios con desarrolladores y dependencias involucradas para avanzar en los procesos de entrega-recepción. Franco explicó que gran parte de los resultados se lograron gracias a la coordinación con la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (COESVI).

Detalló que COESVI concretó 20 entregas correspondientes a fraccionamientos desarrollados entre 2001 y 2012. Asimismo, la empresa Yvasa realizó cuatro entregas de desarrollos del periodo 2020–2022, mientras que RUBA concretó dos entregas del mismo lapso. Otras desarrolladoras como Fraccionadora Independiente, Mykonos, Promotora MUOC y CTU avanzaron en sus procesos, aunque aún mantienen compromisos pendientes con el municipio.

La síndica reconoció que el reto continúa, ya que permanecen 260 fraccionamientos pendientes, pertenecientes a 88 desarrolladores, situación que afecta a más de 13 mil familias que aún esperan certeza en la prestación de servicios públicos.

“Seguimos trabajando para cerrar rezagos históricos, dar certeza jurídica y mejorar la calidad de vida de las familias. Nuestro compromiso es avanzar hacia una ciudad ordenada, con fraccionamientos regularizados y servicios dignos para todas y todos”, afirmó.

Finalmente, Olivia Franco reiteró que la Sindicatura Municipal mantendrá la vigilancia y el acompañamiento técnico y jurídico necesarios para que los procesos de regularización se realicen conforme a la normatividad vigente y en beneficio directo de la ciudadanía.