Propone "China" Frías reforma para erradicar explotación infantil
La diputada del Grupo Parlamentario del PAN, Nancy “La China” Frías, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el propósito de prevenir y erradicar la explotación laboral infantil, con especial atención a niñas, niños y adolescentes migrantes.
Por: Redacción 11 Noviembre 2025 17:58
Durante su exposición, la legisladora señaló que en México 3.7 millones de menores de entre 5 y 17 años trabajan, lo que equivale al 13.1 por ciento de la población infantil, cifra que ha aumentado un 14.1 por ciento desde 2019, reflejando una problemática agravada por la pobreza y los flujos migratorios.
La propuesta contempla acciones coordinadas entre autoridades laborales, de seguridad y migratorias, incluyendo la creación de operativos especiales de rescate e inspección laboral, la prohibición de detener a menores migrantes por motivos laborales o migratorios, la implementación de brigadas móviles de detección —en colaboración con el INM, la STPS y el DIF—, así como la capacitación permanente de servidores públicos involucrados en la atención de estos casos. También prevé sanciones para funcionarios que omitan actuar ante situaciones de trabajo infantil o explotación.
Frías enfatizó que los menores migrantes son el grupo más vulnerable, al enfrentar una doble condición de riesgo: ser migrantes y ser menores de edad.
“Los niños no se tocan, no se explotan, no se maltratan. Esta iniciativa es un compromiso con su dignidad y con el deber moral del Estado de protegerlos”, expresó la diputada.
La iniciativa se sustenta en el Artículo 4º Constitucional, la Convención sobre los Derechos del Niño y los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obligan a los Estados a proteger a la niñez de toda forma de explotación.
Finalmente, Nancy Frías subrayó que erradicar la llamada “esclavitud infantil del siglo XXI” requiere de la corresponsabilidad entre autoridades y sociedad, reafirmando el compromiso del PAN con una “derecha social” que coloca la dignidad humana por encima de cualquier interés político o económico.



