Propone MORENA; dependencias contraten personas con discapacidad

La primera reforma constituye al artículo 11 Bis de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Chihuahua, misma que establece que las dependencias y entidades de Administración Pública Estatal y Municipal estarán obligados a contratar personas con discapacidad permanente en condiciones de idoneidad para ocupar la plaza en una proporción mínima del tres por ciento.

Así mismo se adiciona párrafos al artículo 210 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua con el fin de garantizar que todas las áreas de dicho órgano están obligadas a la contratación de personal con discapacidad permanente.

En el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua se le adicionan dos párrafos más con la finalidad de que el Gobierno del Estado este obligado a cumplir un mínimo del 3% de trabajadores con algún tipo de discapacidad permanente.

Por otro lado el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua se reforma para afianzar la obligatoriedad para contratar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para las plazas.

A la Ley de Protección Civil del Estado de Chihuahua, se adiciona la fracción IX del artículo 19 con la finalidad de promover acciones para identificar los riesgos de la población vulnerable con la finalidad de mitigar dichos riesgos.

Se adiciona un segundo párrafo al artículo 9, de la Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el Estado de Chihuahua con la finalidad de que el patrón que contrate a personas con discapacidad motriz y estos requieran prótesis, muletas o sillas de ruedas, podrán deducir de sus ingresos un monto del 100 por ciento del impuesto de estos trabajadores.

Por último, De la Rosa, solicitó adicionar al Código Penal del Estado el artículo 154 A y 154 B con la finalidad de que quien deje en abandono a una persona vulnerable pueda aplicarse de uno a cuatro años de prisión.

En tanto si la persona que encuentre a una persona vulnerable y no diera aviso a las autoridades y está amenazada por un peligro cualquiera la pena interpondrá de diez a 70 jornadas de trabajo a favor de la comunidad, esto por la omisión.