Proponen reforma para blindar a Chihuahua vs Ley de Aguas Nacionales🎦

En la última sesión ordinaria de Congreso del Estado, el legislador emecista propuso modificar el artículo 4 de la Constitución local, que pretende establecer la soberanía hídrica en la entidad federativa, una medida respaldada por los trece integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN). 

«De la región Conchos surgieron los agricultores más aguerridos para defender el agua de todos los hijos de esta tierra. Desde el Río Bravo, en Ojinaga, los ganaderos hicieron lo propio y cuando llegó el verdugo lo enfrentaron sin miedo […], porque para los chihuahuenses el agua es sagrada. Sin embargo, la soberanía hídrica del Estado de Chihuahua se encuentra en grave riesgo», puntualizó. 

Desde octubre del año en curso —describió— la nueva Ley de Aguas Nacionales y la subsecuente creación de la Ley General de Aguas amenazan en centralizar la administración hídrica en el Gobierno de México al prohibir la transmisión de los derechos de las concesiones. 

Sánchez Villegas sentenció que concentrar la gestión del recurso hídrico se traduciría en graves afectaciones para Chihuahua, que desde los últimos años enfrenta condiciones de estrés hídrico severo, zonas agrícolas de alta dependencia al riesgo, ecosistemas vulnerables y una creciente presión por la demanda urbana e industrial del agua. 

En tal sentido, dijo: «Chihuahua carece de herramientas constitucionales para ejercer una gestión propia, autónoma y responsable del recurso hídrico. […] La soberanía hídrica Estatal permitirá proteger acuíferos, ordenar concesiones, promover infraestructura estratégica, asegurar el consumo humano como prioridad, fortalecer el manejo de cuencas y adoptar políticas adaptadas a la realidad del estado».

La propuesta al artículo 4 constitucional confiere a Chihuahua el reconocimiento y el ejercicio de soberanía hídrica sobre su territorio estatal. Soberanía que implica la facultad de regular, planear, administrar, proteger y garantizar el uso sustentable del agua en el ámbito estatal, así como establecer las políticas, instrumentos y acciones necesarias para asegurar la seguridad hídrica de la población, la preservación de los ecosistemas y la continuidad del desarrollo económico local. 

«Ninguna disposición de carácter federal podrá interpretarse en forma que limite o suprima las atribuciones propias del Estado en materia hídrica, cuando dichas atribuciones no hayan sido delegadas explícitamente por el pacto federal», se lee en la redacción propuesta. 

La propuesta será turnada a Comisiones, cuyos integrantes habrán de sesionar y analizar el contenido del documento para su eventual votación. De ser aprobada, será sometida a consideración del Pleno y, en caso de recibir la mayoría de sufragios, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.