Proponen endurecer sanciones por asesinato de mujeres migrantes

La iniciativa con carácter de decreto busca reformar la fracción IV del Artículo 126 Bis del Código Penal del Estado, que establece de 40 a 60 años de cárcel, de 500 a mil días multa y le reparación integral del año a toda persona que prive de vida a una mujer por razones de género. 

Por razones de género se define al uso de violencia sexual, física, psicológica, económica o patrimonial, mutilaciones; a la existencia de parentesco por consanguinidad, afinidad o relación sentimental, afectiva, laboral, docente o de confianza entre víctima y victimario; a forzar une estado de incomunicación; al abandono del cuerpo; y a la explotación. 

De aprobarse el cambio, la condena aumentará de uno a 20 años de prisión —es decir, hasta un máximo de 80 años— cuando la víctima corresponde a una menor de edad, a una adulta mayor, a una mujer perteneciente a pueblos originarios, a una embarazada, a una mujer con discapacidad física, mental, intelectual o sensorial, a una mujer en situación de movilidad humana o migrante o que se encuentre en condición especial. 

«La violencia de género es una realidad constante para la mayoría de las mujeres migrantes. Al no contar con redes de apoyo, ni documentos y sin un acceso real al acceso y protección de sus derechos humanos, éstas mujeres que han cruzado kilómetros de incertidumbre, en busca de algo tan humano y tan básico como la seguridad, la dignidad y la posibilidad de vivir en paz, se encuentran con un escenario hostil y violento», puntualizó Márquez Nolasco. 

La legisladora advirtió que, según la organización internacional Médicos Sin Fronteras, existen regiones —como Ciudad Juárez— donde prevalecen la violencia estructural, el abandono institucional y barreras de acceso a la atención integral, lo que las coloca en una situación de riesgo constante. 

La problemática —lamentó— ha cobrado tal magnitud que un sinnúmero de cadáveres de mujeres permanecen sin identificar en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Juárez, donde se sospecha que gran parte son originarias de otros países, de acuerdo a la Red Mesa de Mujeres. 

La iniciativa será turnada a Comisiones, cuyos integrantes habrán de sesionar y analizar el contenido del documento para su eventual votación. De ser aprobada, será sometida a consideración del Pleno y, en caso de recibir la mayoría de sufragios, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.