Hasta 11 años de cárcel; proponen aumentar penas por denuncias falsas

Durante la más reciente sesión ordinaria del Congreso de Chihuahua, llevada a cabo éste martes 11 de noviembre, Olson San Vicente presentó una iniciativa con carácter de decreto para reformar el artículo 314 del Código Penal del Estado, tendiente a aplicar sanciones severas por ésta práctica. 

«A quien, a sabiendas de su falsedad, presente, promueva, ratifique o amplíe denuncia o querella imputando a persona determinada la comisión de un delito inexistente o atribuyéndolo a quien sabe no lo cometió, se le impondrán de uno a seis años de prisión y de cien a trescientos días de multa», se lee en el documento. 

En caso de que la conducta derive en una detención, vinculación a proceso, prisión preventiva o medidas de protección que restrinjan derechos, las penas se aumentarán hasta en una mitad, y hasta en dos terceras parte si se obstruye el vínculo filial-parental de niñas, niños o adolescentes. 

De lo anterior se desprende que, en caso de cumplir con los tres escenarios antes planteados, la persona responsable podría pasar un máximo de 11 años dentro de un centro penitenciario. 

Si en la elaboración o presentación de la denuncia falsa participa un funcionario, defensor, asesor jurídico, perito, intérprete o traductor, se impondrá además la destitución e inhabilitación del servicio público por un lapso de entre 3 a 10 años. 

Por otra parte, a cualquier persona que, con el propósito de inculpar a alguien como responsable de un delito ante la autoridad judicial, simule la existencia de pruebas materiales o denuncie actos ficticios, purgará un mínimo de 1 año y un máximo de seis en cárcel, así como trescientos días de multa. 

«Al multiplicarse los casos de denuncias infundadas, se corre el riesgo de que las autoridades y la sociedad desarrollen escepticismo frente a las denuncias legítimas, algo que muchos chihuahuenses ya lo perciben, lo que termina por debilitar el acceso a la justicia de quienes verdaderamente lo necesitan», refirió Olson. 

Cuando la denuncia incurre en la fabricación de evidencias —dijo— se ocasiona un doble perjuicio: por un lado, se desperdician y desvían recursos humanos, materiales y financieros en el sistema de justicia; por otro, se vulneran los derechos fundamentales de las personas acusadas.