Grupo de élite: Ellos son los fiscales Clayton y Cole del caso Rocha

El caso fue anunciado públicamente por Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, y Terrance C. Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA). Pero la construcción técnica del expediente recayó en tres fiscales de carrera adscritos a la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales del SDNY: Jane Y. Chong, Sarah L. Kushner y David J. Robles, tres operadores con perfil bajo y currículum de alto nivel que raramente aparecen en los titulares de los periódicos, pero cuya firma en los documentos judiciales revela la profundidad del caso.

Los fiscales que construyeron el caso

Chong, Kushner y Robles comparten un patrón de formación: universidades de élite -Yale, Universidad Privada de Nueva York (NYU) y Georgetown, respectivamente-, pasaron por despachos privados de primer nivel en Nueva York, y posterior incorporación al SDNY (Distrito Sur de Nueva York). Los tres trabajan dentro de una unidad que no distingue entre narcotráfico, terrorismo y crimen transnacional; los trata como parte de un mismo fenómeno.

Los tres fiscales aparecen juntos en al menos otro caso de narcotráfico internacional dentro de la misma unidad, junto con otros colegas de la oficina, en procesos relacionados con el Cártel de Sinaloa. No son figuras mediáticas. Son el sostén técnico que convierte años de investigación en acusaciones formales.

David Robles es el nodo más activo del equipo. Su nombre aparece en el caso contra el liderazgo de Los Chapitos, en el expediente contra Néstor Isidro Pérez Salas -alias "Nini", jefe de seguridad de esa facción, acusado de drogas, homicidios, secuestros y lavado-, y también en procesos de seguridad nacional que van más allá del narcotráfico. Sarah Kushner acumula más de una década de experiencia y ha participado en casos de conspiración internacional con componente transnacional. Jane Chong, la más joven del equipo, ya figuraba como fiscal en casos de fentanilo, armas y narcotráfico internacional dentro de la Unidad de Narcóticos del SDNY antes de incorporarse a la unidad de seguridad nacional.

La unidad que investiga

La investigación operativa no la condujeron las fiscales desde sus oficinas en Manhattan. El trabajo de campo estuvo a cargo de la División de Operaciones Especiales de la DEA y, específicamente, de su Unidad de Investigaciones Bilaterales -Conocida como SOD/BIU-, con apoyo de las oficinas de la DEA en México y Phoenix, y del Departamento de Justicia a través de su Oficina de Asuntos Internacionales.

La SOD/BIU es la estructura que aparece de forma recurrente en prácticamente todos los casos transnacionales de alto perfil que han llegado al SDNY en los últimos años. Se trata de una división que coordina operaciones multinacionales y multiagenciales contra narcotráfico y narcoterrorismo en todo el mundo. Su trabajo, por naturaleza, es silencioso: no da conferencias de prensa, no tiene voceros. Opera en la "sombra" y entrega expedientes.

Clayton y Cole: los jefes que firman

Jay Clayton no viene de la carrera penal tradicional. Fue abogado corporativo, presidió la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y llegó al SDNY con un perfil atípico para un fiscal federal. Bajo su gestión, la oficina ha combinado casos de lavado de activos, corrupción pública internacional y narcotráfico en una sola línea estratégica. Además del caso Sinaloa, Clayton ha encabezado el anuncio de acusaciones contra ejecutivos chinos condenados por tráfico de precursores de fentanilo, como los directivos de Amarvel Biotech, sentenciados a un total de 40 años de prisión por exportar más de 200 kilogramos de precursores químicos a compradores en Estados Unidos con pleno conocimiento de su destino.

Terrance Cole llegó a la dirección de la DEA en julio de 2025 con más de 20 años de servicio en la agencia, con misiones en Colombia, Afganistán, México y Medio Oriente. Bajo su administración, el Cártel de Sinaloa y el CJNG fueron formalmente designados como organizaciones terroristas extranjeras en el marco jurídico estadounidense, lo que amplió el arsenal legal disponible para perseguirlos. En agosto de 2025, la DEA ejecutó una operación contra redes del Cártel de Sinaloa que resultó en 617 arrestos en apenas cuatro días.

Caso Rocha Moya y 9 políticos mexicanos

El caso Rocha Moya no surgió en el vacío. El SDNY y la DEA SOD/BIU han construido durante años una línea de expedientes que comparte la misma arquitectura: funcionarios o exfuncionarios con poder institucional que protegen operaciones de narcotráfico a cambio de sobornos, en países donde los cárteles mexicanos tienen presencia o rutas consolidadas.

En Honduras, esa fórmula se aplicó contra el expresidente del Congreso y exfuncionarios que, según la DEA, recibieron sobornos para facilitar el paso de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos, con protección armada incluida. El caso terminó con la extradición y condena del exmandatario Juan Orlando Hernández. En Venezuela, la misma unidad investigó a miembros de la Asamblea Nacional y del estamento militar acusados de operar como narcoterroristas, usando las instituciones del Estado para inundar de cocaína el mercado estadounidense. En Bolivia, la SOD/BIU investigó a un exalto mando antidrogas acusado de proteger el tráfico de narcóticos, con apoyo de oficinas de la DEA en múltiples países de América del Sur y coordinación con Europol.

La acusación del 28 de abril sostiene que Rocha Moya fue electo gobernador en 2021 con apoyo de Los Chapitos, quienes habrían recurrido a secuestros e intimidación de rivales para allanarle el camino, y que a cambio prometió proteger sus operaciones. El subprocurador estatal Dámaso Castro Zaavedra habría recibido alrededor de 11,000 dólares mensuales del cártel, y el excomandante policial Juan Valenzuela Millán, unos 1,600 dólares mensuales por facilitar sus operaciones.

El propio Departamento de Justicia de Estados Unidos advierte que los cargos son alegaciones y que todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México recibió las solicitudes de extradición el 28 de abril y las turnó a la Fiscalía General de la República, señalando que los documentos enviados por Washington no contienen, a su juicio, elementos de prueba suficientes para determinar la responsabilidad de los imputados. La FGR tendrá la última palabra sobre la viabilidad de proceder.

Lo que sí queda claro es que la maquinaria que construyó este expediente -fiscales especializados en seguridad nacional y narcotráfico internacional, unidades de élite de la DEA con décadas de operaciones en América Latina y un distrito judicial con jurisdicción sobre casos transnacionales- es la misma que ya procesó a gobernantes y legisladores en Honduras, Venezuela y Bolivia. México, en ese mapa, era la pieza que faltaba.