Tiene FACH el corralazo de 98 mdp y Chihuahua es víctima: Bayo

De acuerdo con el comunicado de la dependencia, la resolución corresponde al Juicio de Amparo 547/2026, radicado en el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, y quedó firme a partir del 14 de agosto pasado. La sentencia reconoce al Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Hacienda, como parte ofendida en el delito de peculado agravado derivado del desvío de dichos recursos.

La FACH señaló que el 24 de agosto, el juez federal Roberto Antonio Alcoverde Martínez —a quien la dependencia acusó de estar "cooptado" por uno de los imputados, con inmunidad constitucional y quien preside la Comisión de Justicia del Senado de la República— resolvió asumir competencia sobre el caso pese a estar previamente notificado de una suspensión definitiva otorgada al Estado de Chihuahua por un juez de amparo. Según la Fiscalía, con esa determinación el juzgador despojó a la Secretaría de Hacienda de su calidad de víctima.

Por esa actuación, la FACH afirmó que Alcoverde Martínez se ubicó en el supuesto previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, y precisó que el juzgador ya había sido denunciado previamente ante el Tribunal Federal de Disciplina Judicial, así como por la presunta violación a la suspensión definitiva mencionada.

La dependencia estatal también denunció lo que calificó como hostigamiento sistemático y tráfico de influencias por parte de funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) y del propio juez Alcoverde, a quienes acusó de actuar en colusión con uno de los imputados para intimidar el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción mediante requerimientos y resoluciones que, aseguró, se encuentran fuera del marco legal.

Respecto al conflicto competencial resuelto por un Tribunal Colegiado, la FACH sostuvo que dicha instancia confundió las participaciones con las aportaciones federales del sistema de recaudación y fiscalización del país, y precisó que esa resolución únicamente aplicó a uno de los imputados, identificado con las iniciales J.C.J., por lo que consideró concluido ese conflicto competencial.

La Fiscalía Anticorrupción reiteró que continuará la defensa legal de los recursos públicos del estado ante las instancias correspondientes, y afirmó que no se dejará intimidar en el seguimiento del caso.