Denuncian jueces persecución por sentencias contra el "Marrazo"

María Emilia Molina de la Puente, la presidente de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C. (AMJAC), dijo que los 40 casos de juzgadores que enfrentan procedimientos de responsabilidad administrativa y suspensiones provisionales del cargo no son por faltas administrativas reales ni actos de corrupción.

Atribuye lo anterior a una represalia directa por haber admitido juicios de amparo y concedido suspensiones en contra de la reforma judicial de 2024 o bien por aplicar controles de convencionalidad internacional en materias sensibles como la prisión preventiva oficiosa.

Aseguró que los expedientes ya están siendo documentados para ser presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y diversos comités de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A casi un año de que el Tribunal de Disciplina Judicial iniciara operaciones, representantes de los juzgadores afectados afirman que el tribunal se convirtió en el ejecutor de una "cacería de brujas judicial".

La Asociación Mexicana de Juzgadoras tiene un registro de 41 juzgadores con procedimientos en curso, 40 de los cuales son perfiles formados dentro de la carrera judicial.

Molina de la Puente dijo que incluso algunos casos ya tienen registros del tipo penal, pues las carpetas están en la Fiscalía General de la República.

Emilia Molina aseguró que a los casos de presunta persecución se suma la destitución de 43 personas trabajadoras sociales adscritas al Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), quienes fueron cesadas entre el 26 y el 30 de junio de este año.