Niegan amparo a militar acusado por caso Ayotzinapa

Martínez Crespo, quien permanece recluido desde noviembre de 2020 en el Campo Militar 1-A, impugnó la decisión de una jueza federal que determinó trasladar su causa penal al marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, ordenamiento que contempla penas más severas. 

La defensa del capitán argumentó que la aplicación de una legislación que entró en vigor después de los hechos de 2014 violaba el principio constitucional de irretroactividad de la ley. Sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación rechazó ese planteamiento.

Los magistrados determinaron que la desaparición forzada es un delito de carácter permanente o continuo, debido a que sus efectos se mantienen mientras se desconozca el paradero o destino de las víctimas. Bajo este criterio, aunque los hechos comenzaron el 26 de septiembre de 2014, la conducta investigada continuó después de la entrada en vigor de la legislación federal. 

Por ello, el tribunal concluyó que la aplicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada no representa una aplicación retroactiva ni vulnera los principios de legalidad, pues el delito continuaba produciendo efectos cuando la nueva legislación ya estaba vigente.

Martínez Crespo fue uno de los mandos del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala y se convirtió en el primer integrante del Ejército detenido por el caso Ayotzinapa. Inicialmente enfrentó acusaciones bajo la legislación de Guerrero, que contemplaba penas de entre 30 y 50 años de prisión, pero con el cambio al marco federal la sanción puede alcanzar entre 40 y 70 años. 

El caso Ayotzinapa cumplirá 12 años el próximo septiembre sin que se haya esclarecido plenamente el paradero de los 43 estudiantes. Apenas esta semana, familiares de los normalistas se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quienes autoridades presentaron nuevas líneas de investigación relacionadas con el caso.