Otra vez… Clausuran Calica y prohíben extracción en Playa del Carmen

Por tal motivo realizaron acciones en contra del aprovechamiento indebido de los recursos naturales de México, la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa) realizó una inspección contra la empresa.

Dicha inspección es resultado de las acciones por el aprovechamiento indebido de los recursos naturales del país y por el deterioro del medio ambiente.

En la inspección verificaron si cumplían con la normatividad ambiental federal por parte de la empresa en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales y de impacto ambiental, por motivo de sus actividades y de las obras que construyeron.

En consecuencia de este registró advirtieron la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas, con base a la legislación ambiental impusieron medidas de seguridad, mediante medidas de clausuras temporales de actividades y obras realizadas en el sitio.

La Profepa en 2017 y 2018 impusó una clausura junto con sanciones administrativas a esta empresa por el aprovechamiento de la “roca caliza” en el predio El Corchalito, esto causó una demanda al Estado mexicano bajo las normas del tratado de Libre Comercio de América del Norte, reclamaron más de mil 500 millones de dólares más intereses y gastos procesales.

Las consecuencias por la explotación de este material pétreo debajo del manto acuífero a causado graves daños ambientales, como la pérdida irrecuperable del subsuelo, alteración de la presión del acuífero, riesgos de hundimiento  y fracturas del subsuelo, además de afectar la calidad y pureza del agua, el drenaje superficial y subterráneo por incrementos en formación oquedades, además la alteración del paisaje natural y fragmentación de los ecosistemas.

La política ambiental del Gobierno de México junto con las instituciones que forman parte del sector ambiental, seguirán funciones para lograr el aprovechamiento de los recursos naturales que ayuda a los principios de sustentabilidad y equidad que establece la constitución, además de velar por el interés general y el bien común por encima de intereses particulares que pongan en riesgo la riqueza natural que no piensen en las comunidades.