Advierte Ministro mayor presupuesto a la Corte por Código Familiar

El Ministro explicó que, a más tardar el 1 de abril de 2027, todos los tribunales en el país dedicados a estos tipos de juicios deberán contar con la infraestructura adecuada, una estructura sólida y personal debidamente capacitado para llevar a cabo las audiencias orales. Dadas las circunstancias actuales, este objetivo se prevé sumamente complejo.

Durante su participación en las Jornadas de Introducción al Estudio del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, organizadas por la Escuela Federal de Formación Judicial, el Ministro señaló que el Decreto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado el 7 de junio en el Diario Oficial de la Federación, establece que los Poderes Judiciales, tanto el federal como los estatales, deberán realizar los ajustes necesarios en sus estructuras físicas y tecnológicas y en la capacitación de su personal para adoptar las mejoras antes de la entrada en vigor del Código. Para lograrlo, es imperativo aprobar los recursos presupuestarios correspondientes.

El Ministro Presidente de la Primera Sala destacó que, aunque el artículo sexto transitorio del Decreto establece que la Cámara de Diputados contemplará asignaciones presupuestarias en ejercicios fiscales posteriores a la publicación del Decreto, es decir, a partir de 2024, siempre existe la posibilidad de que en el siguiente ejercicio fiscal no solo no se aumente el presupuesto, sino que incluso se produzca una reducción, lo que, sin duda, complicaría aún más el cumplimiento de lo establecido.

También consideró que la oralidad supondrá un desafío para los litigantes, ya que deberán contar con abogados debidamente preparados, con un conocimiento sólido del Código, los recursos y las circunstancias en las que son procedentes, además de las habilidades necesarias para argumentar jurídica y verbalmente en las audiencias.

El Ministro Pardo Rebolledo resaltó el papel de La Corte en la concreción de esta legislación, ya que una sentencia de la Primera Sala obligó al Congreso de la Unión a aprobar la nueva norma con el fin de unificar los procedimientos civiles y familiares a nivel nacional y evitar sentencias contradictorias.