ASE revela algunas irregularidades en municipios

Acosta destacó varios casos que han sido identificados durante las auditorías realizadas por la entidad. Entre los señalamientos se encuentra el municipio de Madera, donde se encontró que se otorgaron préstamos personales a servidores públicos sin contar con la autorización correspondiente.

En el municipio de Aquiles Serdán, Acosta informó sobre un contrato para adjudicar el servicio de suministro de combustibles y gasolina a una persona que tenía vínculos familiares directos con el expresidente municipal. Este conflicto de intereses plantea serias preguntas sobre la transparencia en los procesos de contratación.

Otro caso relevante fue mencionado en Santa Isabel, donde el ex presidente municipal intervino directamente en un procedimiento de contratación, a pesar de que el proveedor al que se le adjudicó el contrato tenía un parentesco consanguíneo directo con él. Este tipo de prácticas plantea preocupaciones sobre la equidad y la ética en la gestión municipal.

En el municipio de Rosales, también se señaló un conflicto de intereses relacionados con estaciones de servicio, donde el alcalde intervino directamente en asuntos en los que tenía interés personal, incluyendo la adjudicación de contratos a proveedores vinculados a él.

El caso de Delicias resaltó la intervención directa del ex director de seguridad en la tramitación de asuntos en los que tenía interés, sometiendo a consideración de competiciones un bien cuya empresa es socia del funcionario. Estos conflictos de intereses plantean dudas sobre la integridad y la imparcialidad en la administración municipal.

El municipio de Gómez Farías también fue mencionado, donde se autorizó la contratación de un funcionario que estaba impedido para desempeñarse como tal debido a su nexo parentesco con otro funcionario del ayuntamiento. Este tipo de contrataciones plantea preguntas sobre la meritocracia y la ética en la selección de personal.

En Belisario Domínguez, se destacó la suscripción de un instrumento contractual para la recuperación del impuesto sobre la renta, generando dudas sobre la legalidad y la transparencia de este tipo de acuerdos.

Acosta concluyó su intervención mencionando que, si bien algunas de estas acciones no están contempladas en los programas de sanciones, se pueden hacer recomendaciones para corregir y prevenir futuras irregularidades. Estos hallazgos arrojan luz sobre la importancia de fortalecer los controles internos y la transparencia en los municipios para garantizar una gestión pública ética y eficiente. La Auditoría Superior del Estado continuará su labor de fiscalización para mantener la integridad en la administración pública.