Firman convenio para fortalecer la actuación de primeros respondientes

Este acuerdo busca profesionalizar a los elementos de seguridad en su rol como primeros respondientes, asegurando que el proceso judicial sea sólido desde el primer minuto del contacto policial.

El programa de formación, que será impartido por especialistas del Poder Judicial, se concentrará en cuatro pilares críticos para evitar que los casos se "caigan" en los tribunales:

1. Legalidad de las detenciones: Asegurar que cada arresto cumpla con los requisitos constitucionales.

2. Derechos Humanos: Garantizar un respeto irrestricto a las garantías individuales.

3. Informe Policial Homologado (IPH): Correcta redacción y llenado de actas.

4. Cadena de Custodia: Preservación técnica de la evidencia para evitar nulidades.

Durante el evento, la Magistrada Presidenta, Marcela Herrera Sandoval, enfatizó que las fallas técnicas en las etapas iniciales son determinantes para el éxito o fracaso de una sentencia.

"El esfuerzo interinstitucional tiene como objetivo cerrar brechas operativas y elevar el nivel técnico de quienes intervienen en las primeras etapas del proceso penal... queremos generar mejores resultados y consolidar la confianza ciudadana", señaló la magistrada.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, reconoció que muchas veces las fallas en la impartición de justicia se originan en errores al inicio del proceso, por lo que este convenio envía un mensaje claro de unidad y profesionalización.

A diferencia de otros cursos teóricos, esta capacitación destaca por su enfoque dinámico:

• Instructores: Personal del Instituto de Formación y Actualización Judicial (Inforaj) y del Centro Estatal para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal.

• Formato: Sesiones prácticas de cuatro horas (viernes y sábados).

• Herramientas: Análisis de casos reales y simulaciones de audiencias para que los agentes comprendan cómo impacta su actuación frente a un juez.

Con esta acción, las instituciones firmantes apuestan por un lenguaje común y criterios homologados que fortalezcan el sistema de justicia penal en beneficio de la sociedad chihuahuense.