Ordena TRIFE emitan nueva sentencia contra Estrada y Castrejón

En la resolución, el TEPJF determinó que la Sala Guadalajara no aplicó correctamente la jurisprudencia 8/2023, la cual establece que en casos de violencia política de género debe operar la reversión de la carga probatoria a favor de la víctima cuando existe dificultad probatoria. Esto significa que, al presentar indicios razonables de violencia, la carga de desvirtuar los hechos recae en la persona denunciada, situación que no se respetó en este caso.

La exdiputada Terrazas presentó indicios razonables de haber sido excluida de reuniones, publicaciones oficiales y de no haber recibido prestaciones económicas, entre otros actos que, según su denuncia, fueron ignorados por la Sala Guadalajara, al exigirle que aportara pruebas adicionales.

En su resolución, la Sala Superior señaló que Terrazas presentó pruebas razonables de actos de exclusión, como su ausencia en reuniones y en publicaciones oficiales, así como la falta de entrega de ciertas prestaciones económicas, pero que la Sala Guadalajara exigió indebidamente que la denunciante aportara más elementos. Este enfoque ignoró que, en casos de violencia simbólica, muchas veces no existen pruebas directas.

El TEPJF consideró que este tipo de violencia es difícil de probar de manera directa y que los indicios presentados por la denunciante debieron ser suficientes para trasladar la carga probatoria a los acusados.

El Tribunal Electoral también señaló la falta de un análisis integral y contextual por parte de la Sala Guadalajara, al no evaluar los hechos denunciados como parte de un posible patrón de invisibilización basado en género.

Además, destacó la omisión de un enfoque cronológico, al no analizar si los actos se presentaron de manera sistemática desde que Terrazas fue nombrada para el cargo legislativo.

Como resultado, el TEPJF ordenó que la Sala Guadalajara realice un nuevo análisis con perspectiva de género que contemple la posible invisibilización y violencia simbólica que pudo haber sufrido la exdiputada.

El tribunal deberá determinar si estos actos formaron parte de una estrategia deliberada para anular la participación política de Adriana Terrazas y si constituyen un patrón sistemático de exclusión que obstaculizó su capacidad para ejercer sus funciones y participar en la vida pública del Congreso local.