Pensión a personas con discapacidad, derecho constitucional: Bienestar

La funcionaria encabezó la delegación mexicana integrada por 42 dependencias federales y el Poder Judicial que dialogó con el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la Organización de las Naciones Unidas.

Ariadna declaró que a fin de lograr la inclusión plena de las personas con discapacidad en las políticas del Gobierno de México, impulsará una consulta nacional en diciembre de 2022.

Indicó que la pensión universal para las personas con discapacidad es un derecho consagrado en la Constitución y se entrega de forma directa a los derechohabientes.

“Afirmamos que la política de bienestar se aplica con una visión de derechos, ya que es el primer gobierno que ha ampliado los derechos de las personas en la Constitución con una pensión como ingreso básico”, declaró.

Por segundo día consecutivo, el Estado mexicano informó sobre las acciones en materia de acceso a la justicia, igualdad sustantiva, combate a la violencia de género, migración, inclusión laboral, educativa y derecho a la salud, así como auxilio en situaciones de emergencia por desastres naturales de las personas con discapacidad.

Por parte del Instituto Nacional de Migración, la directora de Asuntos Internacionales, Xadeni Méndez Márquez, informó que se han reducido los tiempos de atención de las personas migrantes con discapacidad, se cuenta con intérpretes de lenguaje de señas, alternativas de alojamiento y salvaguarda de sus derechos con atención médica, psicológica e interpretación de lenguas indígenas.

La secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, Patricia Estela Uribe Zúñiga, informó que existen 56 Centros de Justicia para las Mujeres en el país y 108 refugios que cuentan con adecuaciones en materia de accesibilidad.

La directora general adjunta de Enlace Institucional de la Secretaría de Gobernación, Araceli Mejía Escobar, dio a conocer que el Estado mexicano elabora un diagnóstico para identificar las necesidades de las personas con discapacidad en eventos de riesgo por desastres naturales, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.