Propone Gámez crear Ley del Registro de Deudores Alimentarios Morosos

Por lo que con la creación de esta “Ley del Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos”,  se inscribirá a las personas que hayan dejado de cumplir sus obligaciones alimentarias.

 Con esto buscando garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de niños y adolescentes, así como su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos.

Ante esto, todas persona inscrita en el registro, no podrán desempeñar puestos en la función pública Estatal o Municipal; obtener licencias y permisos de conducir;  participar como candidatos a cargos concejiles y de elección popular en el Estado o ser aspirantes a cargos de jueces, magistraturas y Consejerías del Poder Judicial del Estado. 

Dicha iniciativa también plantea que en las solicitudes de matrimonio, el Registro Civil haga del conocimiento si alguno de los contrayentes está inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios (REDAM), exponiendo la situación que guardan respecto de las obligaciones que tiene.

Por lo que la coordinación y emisión de lineamientos para la operación del Registro estaría bajo el cargo del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

Con esto se buscaría que como requisito para acceder a una candidatura, cumplan con alguna obligación alimentaria o con acuerdo o convenio derivado de un Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos;

 Por lo que esta iniciativa busca dar cumplimiento a dicha obligación por medio de la ley que crea el Registro Estatal de Deudores Alimentarios.

“Esto dejaría en claro la obligación de las autoridades de velar por los derechos de la niñez y, en consecuencia, establecer políticas públicas que garanticen sus derechos, en México las cifras del incumplimiento de las obligaciones alimentarias son muy poco alentadoras”. 

De acuerdo con la organización “Mamás en Acción’’ y con la ‘’Red por los derechos de la infancia en México”, ocho de cada diez deudores alimentarios en el país no cumplen con su obligación de dar alimentos. 

“Además,  tres de cada cuatro, niños y adolescentes con padres divorciados, no reciben pensión alimenticia, es decir 75% de este grupo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)”.

“A pesar de lo establecido por la ley, en la realidad encontramos que las personas deudoras alimentarias encuentran la manera de evadir sus responsabilidades, realizando una serie de conductas ilícitas y aunque estas conductas están tipificadas en materia penal, son sumamente pocas las denuncias y las personas que se encuentran sujetas a un procedimiento penal y aún menos quienes se encuentran purgando una sanción privativa de la libertad por este delito,“ puntualizó la legisladora.