Proponen que escuelas privadas no cobren reinscripción

La propuesta plantea que solo puedan cobrar una cuota de inscripción a alumnos de nuevo ingreso y una vez al inicio de cada nivel educativo, eliminando el cobro de cuotas de reinscripción o conceptos similares para estudiantes que continúen en la misma institución.

Principales modificaciones propuestas

La reforma, que modificaría el artículo 151 de la Ley General de Educación, establece que:

1. Las escuelas privadas no podrán exigir cuotas de reinscripción ni cargos equivalentes a los alumnos que continúen sus estudios de manera continua en la misma institución.
2. En caso de que alguna institución educativa incremente los costos de los servicios sin apego a las disposiciones legales o cobre cuotas prohibidas, las autoridades deberán notificar a las instancias competentes para tomar las medidas correspondientes.

Además, la iniciativa también propone cambios al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) supervise y garantice el cumplimiento de estas disposiciones en las instituciones educativas particulares.

Borboa Becerra destacó que esta reforma tiene como objetivo reducir la carga económica que enfrentan las familias al inicio de cada ciclo escolar. Los padres de familia no solo deben cubrir el pago de colegiaturas, sino también gastos adicionales como útiles escolares, libros, uniformes y, en algunos casos, cuotas de reinscripción que calificó como “innecesarias”.

El legislador explicó que la inscripción es el proceso inicial de registro en un programa educativo, mientras que la reinscripción es meramente un trámite administrativo. Consideró que cobrar por este último concepto afecta negativamente la economía familiar, especialmente cuando los pagos de reinscripción coinciden con otros gastos escolares.

Según la propuesta, estas modificaciones al marco legal no solo aliviarían la presión económica sobre las familias, sino que también podrían aumentar la matrícula de las escuelas privadas al hacerlas más accesibles para los usuarios.

Aunque reconoció que las instituciones educativas privadas operan como empresas y tienen derecho a establecer cobros, el diputado subrayó que están sujetas a la Ley Federal de Protección al Consumidor, que regula sus obligaciones y protege a los usuarios de pagos excesivos o injustificados.

La iniciativa será discutida en las comisiones correspondientes del Congreso, donde se analizará su impacto y viabilidad. De ser aprobada, las nuevas disposiciones buscarán garantizar mayor equidad y transparencia en los cobros realizados por las escuelas privadas, beneficiando a miles de familias mexicanas.