Sustituiría Corte al Poder Legislativo si invalida Plan B: Presidencia

Según la Presidencia de la República de México, esto demuestra la existencia de dos parámetros distintos para revisar las leyes. Por un lado, hay un enfoque diferente para revisar las leyes del régimen neoliberal, que han estado esperando sentencia durante cinco años. Por otro lado, existe un enfoque distinto para las normas que legítimamente expide la soberanía popular en busca de la transformación que exige el pueblo de México, que se resolvería en tres meses.

En el proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, el ministro instructor propone anular la totalidad del decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas por el Poder Legislativo en diciembre de 2022. El ministro considera que no se cumplieron algunas formalidades del proceso legislativo, lo cual, según la Presidencia de la República, es falso.

De acuerdo con la fuente, el ministro ponente es omiso en dar cumplimiento al artículo 17 constitucional y 39 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la norma fundamental. El ministro no tomó en cuenta los razonamientos expuestos por las autoridades demandadas. Su obligación era examinar en su conjunto los argumentos de todas las partes para resolver la cuestión efectivamente planteada. De haberlo hecho, su proyecto se habría emitido en otro sentido.

La fuente también señala que el proyecto omite examinar la dispensa de trámite, que es una atribución reglamentada de los legisladores. Esto los faculta para someter un asunto a discusión y votación durante una sesión sin pasar por comisiones. Para ello, basta que el pleno de la Cámara de Diputados determine, por mayoría, que una iniciativa es de urgente u obvia resolución.

El decreto impugnado fue expedido en cumplimiento de una ejecutoria dictada en el amparo en revisión 308/2020 del índice de la propia Primera Sala de la SCJN. Según la Presidencia de la República, el ministro ponente no consideró esta situación, a pesar de que constituye una cuestión de interés público. Se trata del acatamiento a una sentencia de amparo emitida por el propio tribunal constitucional, lo que evidencia la parcialidad del proyecto propuesto.

La Presidencia de la República de México también afirma que resulta inexacto que se haya transgredido el principio de deliberación democrática, como se afirma en el proyecto de sentencia. Durante la aprobación de las leyes que integran el “plan B” en materia electoral, el Congreso de la Unión cumplió los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, incluso con los criterios de la propia SCJN.