Propuestas benéficas en seguros de gastos médicos para adultos mayores

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Certidumbre legal, así como cambios económicos y fiscales benéficos para pólizas de gastos médicos de adultos mayores

Estimados lectores: hace un par de semanas, el 28 de agosto se celebró el día del abuelo, espero que lo hayan disfrutado mucho los abuelos y quienes los festejaron. Deseo también que todos hayan tenido muy buen mes en agosto, ya que es reconocido como el mes de la abundancia, lo que dio origen a la expresión “hiciste tu agosto”, así mismo, espero que tengan mucha alegría de festejar en este mes las fiestas patrias.

Adultos mayores

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO 2025) existen 17,121,580 de personas adultas mayores, que representa el 12.80% de la población total. El aumento progresivo en la proporción de personas adultas en la población es resultado de la disminución de la fecundidad y la mortalidad, así como incremento en la esperanza de vida. Según registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2020 residían en el País 15.1 millones de personas con 60 años y más, que representaba el 12 por ciento de la población. Reportó el INEGI que el 20 por ciento de estas personas no cumplían con afiliación a ninguna institución de servicio de salud. Desafortunadamente, en México no hay un sistema de prevención de la vejez, el hecho de que existiera no significaría que no se vaya a envejecer, sino que, con el mismo, se atendería, se cuidaría con geriatras y otros especialistas de la salud a este sector de la población para que continúe participando activamente, con su experiencia acumulada, realizando aportaciones significativas en diferentes ámbitos de la vida económica y social del país.

Infraestructura Médica

El INEGI reporta que el 56% de la población económicamente activa está en la informalidad, alrededor de 34 millones de personas, por lo que no están cotizando ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para que sea atendida su salud y tener derecho a una pensión. Es un número elevado de personas que no contribuyen al gasto público, una parte de estas personas reciben atención gratuita lo que ocasiona presión en las finanzas públicas y en la capacidad de hospitalización de la red pública.

El porcentaje recomendado por la Organización Mundial de Salud del Producto Interno Bruto al gasto en sanidad pública es del 6%, en 2026 México destinará el 2.5%, es decir, menos de la mitad de lo recomendado, el más alto alcanzado ha sido del 2.7% que fue entre 2011 y 2013. Al no ser posible destinarse más recursos al sector salud para incrementar la infraestructura médica, algunas personas que tienen acceso a servicios de salud institucionales públicas deciden adquirir un seguro de gastos médicos. Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) de los 13,950,851 de pólizas de seguros de gastos médicos, solamente 4.3 millones son pólizas individuales, el resto son pólizas colectivas o de empresas. Es importante que hubiera más accesibilidad en el costo para adquirir pólizas de gastos médicos, lo que contribuiría a que las compañías de seguros y hospitales privados generaran mayor recaudación de Impuesto sobre la Renta (ISR), los costos de primas de pólizas de adultos mayores son elevadas y aun así algunos jóvenes y sanos declinan la contratación, percibidos que el costo excede por mucho su riesgo estadístico individual.

Aseguradoras

Miles de adultos mayores en México se enfrentan a que las aseguradoras consideran a este sector de la población como un “riesgo elevado”, aumentando progresivamente las primas hasta hacerlas impagables. Este incremento desproporcionado en los costos de los seguros refleja una realidad alarmante muchas personas que durante años han invertido en su protección terminan perdiendo su cobertura justo cuando más la necesitan, en muchos casos el importe de la pensión llega a ser insuficiente para cubrir las primas de pólizas de gastos médicos.

La narrativa de las aseguradoras se refiere a que el aumento de precios se debe a causa de la inflación médica, el incremento de los servicios hospitalarios y los altos costos de los insumos de este sector, sin embargo, la realidad es que el costo de un seguro para adultos mayores no siempre se corresponde con dicha narrativa, porque generalmente el incremento llega hasta el 500 por ciento más en comparación con el de una persona joven de entre 20 y 30 años. En la compra de un seguro médico individual de cobertura básica para una mujer de 25 años, la prima anual va desde los $13 mil a los $32 mil pesos, mientras que para una de 60 y 70 años el costo anual es entre los $168 mil y $445 mil pesos.

Lo anterior, se encuentra contenido en la iniciativa de marzo de 2025 a cargo de la diputada Iraís Reyes de la Torre para modificar la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para que la empresas aseguradoras mantenga el costo de las primas de los seguros de operaciones de accidentes y enfermedades, específicamente del ramo de gastos médicos, a partir de que la persona asegurada sea considerada como adulto mayor, en términos establecidos en la Ley de los de los Derechos de las Personas Mayores, cumpla, por lo menos, quince años de antigüedad como persona asegurada en este ramo. Así mismo se determinen las primas sobre bases técnicas a fin de garantizar con un elevado grado de certidumbre, el cumplimiento de las obligaciones que al efecto contraigan con los asegurados.

Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Salud han acumulado al menos 25 iniciativas convergentes al incremento de las primas en pólizas de gastos médicos, presentadas por distintos grupos parlamentarios. Estas propuestas se agrupan en cinco ejes temáticos:

• Topes o congelamiento de primas: establecimiento de límites legales a los incrementos anuales (MC, Morena, PVEM);
• Fórmulas regulatorias de incremento: delegación en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) de la fijación de techos anuales con base en criterios actuariales (PRI, PAN);
• Portabilidad de derechos contractuales: conservación de antigüedad, periodos de espera y tratamiento de padecimientos preexistentes al cambiar de aseguradora;
• Incentivos fiscales: tasa cero de IVA o deducción ampliada en ISR para pólizas de personas adultas mayores; y
• Transparencia y regulación del entorno hospitalario: obligación de publicar tarifas, desglose de comisiones y fortalecimiento de facultades sancionatorias de PROFECO, CONDUSEF y la CNSF

Por su parte, el diputado Jericó Abramo Masso en febrero de 2025 había expuesto entre otras cosas la importancia de acabar con la práctica de retener a pacientes hasta que la aseguradora liquide la cuenta hospitalaria, lo que vulnera el Código Penal Federal, este diputado ha impulsado desde hace un año, ocho meses, consensando con todos los 500 diputados que se aprueben las medidas propuestas por los diferentes grupos parlamentarios.

Reforma en el IVA en 2026 de pólizas de seguros de gastos médicos

Se presentó iniciativa en julio de 2026 en la Cámara de Diputados, ya que señaló el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba que las pólizas de gastos médicos de más de 14 millones de mexicanos iniciaron el 2026 con aumentos de entre 20% y 40% en sus primas, y hasta 60% o 75% en el caso de adultos mayores o personas con enfermedades crónicas. Cada vez más personas se ven obligadas a vender su patrimonio, endeudarse o cerrar sus negocios para pagar una cirugía, una hospitalización o un tratamiento contra el cáncer.

El primer factor de aumento en las primas obedece a la inflación médica y el segundo factor es el cambio incorporado a la Ley de Ingresos de la Federación para 2026, que establece que las aseguradoras ya no podrán acreditar el IVA que pagan cuando indemnizan siniestros a través de terceros, incluidos hospitales privados.

Hasta 2025, ese impuesto era acreditable y resultaba neutro en los costos de las aseguradoras. Sin embargo, ahora se convirtió en un costo definitivo que termina trasladándose a las primas de los asegurados. Esto significa que este cambio fiscal para resolver controversias administrativas terminó encareciendo el acceso a la salud.

Esto tiene además consecuencias de que mientras los hogares de mayores ingresos pueden absorber el aumento, muchas familias de ingreso medio están siendo expulsadas del sistema privado de aseguramiento, lo que incrementa la presión sobre el Sistema Nacional de Salud.

Medidas principales que propone

-Primero, flexibilizar el régimen de acreditamiento del IVA para los seguros de salud y de gastos médicos mayores. La Ley de Ingresos de la Federación para 2026 estableció una regla que impide a las aseguradoras acreditar el IVA que pagan en bienes y servicios utilizados para cubrir siniestros, como pagos a hospitales, cirugías o tratamientos médicos.

Antes de esta modificación, ese IVA podía acreditarse y no representaba un costo adicional para las aseguradoras. Sin embargo, al prohibirse su acreditamiento, el IVA se convierte en un costo directo para las compañías de seguros, lo que provoca que dicho gasto termine trasladándose al precio de las primas.

Por ello, se propone flexibilizar esta regla para permitir nuevamente el acreditamiento del IVA, evitando que el incremento de costos termine afectando a las personas aseguradas.

-Segundo, fortalecer la deducibilidad de las primas de seguros de gastos médicos mayores en el Impuesto sobre la Renta (ISR) de personas físicas. La propuesta establece un límite de hasta cinco UMA anuales, lo que actualmente equivale aproximadamente a 206 mil pesos al año.

Esto permitiría que quienes pagan un seguro de gastos médicos mayores puedan deducir una parte importante de su prima, sin generar un impacto significativo en las finanzas públicas.

-Tercero, reforzar la transparencia y la supervisión tarifaria del sector asegurador. La propuesta faculta expresamente a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para emitir metodologías claras sobre la formación y el ajuste de primas, obligando a que se refleje de manera objetiva la siniestralidad, los costos médicos y los efectos fiscales.

Asimismo, las aseguradoras deberán informar anualmente a sus asegurados, de manera clara y desagregada por edad y tipo de cobertura, los factores que explican los incrementos en sus pólizas, y la autoridad podrá intervenir cuando detecte aumentos injustificados o prácticas discriminatorias contra adultos mayores u otros grupos vulnerables.

Posturas de los distintos actores y grupos parlamentarios:

Movimiento Ciudadano

Impulsor de la iniciativa del artículo 37 Bis de la Ley Sobre Contrato de Seguro, planteando el congelamiento de la prima tras 15 años de antigüedad al cumplir la edad de adulto mayor. Su postura central es que el acceso a la salud requiere estabilidad de costos para quienes han sido clientes leales del sistema.

Morena

Ha presentado iniciativas convergentes que contemplan topes a los incrementos, portabilidad y protección ante cancelaciones. Se ha señalado como uno de los grupos interesados en destrabar el dictamen en el periodo de sesiones de septiembre.

Partido Revolucionario Institucional (PRI)

Ha propuesto una fórmula intermedia: no un congelamiento legal directo, sino que la CNSF establezca techos anuales con base en criterios actuariales, además de portabilidad de antigüedad y prohibición de cancelación unilateral a adultos mayores. El diputado Jericó Abramo Masso ha sido vocal crítico respecto a la influencia del sector asegurador en la demora del dictamen.

Partido Acción Nacional (PAN)

Plantea limitar los incrementos a la inflación general más un margen técnico razonable, y ha enfatizado la necesidad de atender también los factores fiscales que presionan el costo final de las pólizas.

Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

Ha presentado iniciativas con umbrales de edad y antigüedad combinados (60 años + 20 años de antigüedad), orientadas a equilibrar protección y sostenibilidad.

Conclusión:

Ha sido un proceso que representa un esfuerzo legislativo complejo el conjunto de iniciativas en materia de seguros de gastos médicos mayores que busca conciliar dos objetivos legítimos: garantizar la protección financiera y derecho a la salud de las personas mayores, y preservar la viabilidad financiera del sistema asegurador. La participación de la AMIS ha sido determinante en el ritmo del proceso, al aportar análisis técnico, pero también al generar debate sobre la oportunidad y viabilidad de las medidas propuestas.

El 28 de abril estaba programada la discusión y votación del dictamen en las Comisiones Unidas pero la AMIS y la SHCP solicitaron prórroga para profundizar en el análisis del impacto financiero y actuarial de las medidas propuestas, por lo que no fue sometido a votación, la prórroga ya se terminó, y también ha sido informado por parte de un diputado en medios de comunicación televisivos, que el dictamen unificado se encuentra en una etapa decisiva de definición final, donde las posturas de los distintos grupos parlamentarios, la industria aseguradora y las autoridades se están integrando en una propuesta que muy posiblemente será sometida a votación en el pleno durante este periodo de sesiones que inició en septiembre de 2026, y hay muchas expectativas de que sea después de la aprobación del paquete económico 2027.

Artículo elaborado por la C.P.C. y M.I. María Azucena Chávez Sánchez, integrante de la Academia Chihuahuense de Estudios Fiscales, A.C., representa su opinión.