Mal uso de los recursos públicos, ¿justifica no pagar impuestos?

El mal uso de los recursos públicos por el gobierno, ¿justifica no pagar impuestos?

Por Carlos Terrazas Limas

Que a nadie nos gusta pagar impuestos es una realidad. De allí que esta es una reflexión filosófica y moral que seguramente nuestros lectores, sean empresarios, profesionistas, asalariados, inversionistas o quienes tienen una fuente de ingresos, difícilmente podrán negar que se han planteado en alguna ocasión; especialmente al percatarse con desánimo, por los medios de comunicación, de constantes casos de corrupción, despilfarro o mal uso de las contribuciones y recursos por parte de malos funcionarios de gobierno, lo que genera desconfianza hacia quien debiera ser escrupuloso en el manejo del gasto público.

Citemos como ejemplo el resultado de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que arroja que, en nuestro país, cerca de ocho de cada diez personas consideran frecuente la corrupción. La encuesta estimó además una tasa de prevalencia de 15 mil 642 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes y un costo de los actos de corrupción reportados de 17 mil 707.4 millones de pesos.

Además, la creciente informalidad en nuestra economía también parece generar un aliento hacia este mismo dilema, pues, según la Encuesta de Medición de la Economía Informal 2024 del propio INEGI, la economía informal representó 25.4% del PIB en 2024, frente a 24.7% en 2023.

Desde luego que no es el objeto de este artículo resolver este complejo dilema moral, ni mucho menos animar a nuestros lectores a irse a la informalidad y dejar de contribuir, sino, por el contrario, traer luz al origen de esa obligación para el contribuyente, así como a la del gobierno de dar el debido destino al gasto público de los recursos recaudados.

La problemática que se plantea en este artículo es no solo cuánto paga el contribuyente, sino qué recibe a cambio la sociedad por su contribución. El gobierno exige que cumplamos. A los ciudadanos nos corresponde exigir que responda.

La obligación de contribuir no constituye una elección. La denominación de “impuestos” precisamente proviene de que a los mexicanos se nos “impone” constitucionalmente esa obligación, a través del artículo 31, fracción IV, de nuestra Constitución Política. Así, todos los mexicanos debemos compartir una parte de nuestros ingresos con el gobierno, con la expectativa de que esos recursos sean destinados al gasto público y regresen a la sociedad en forma de seguridad, infraestructura, salud, educación y servicios públicos.

Pero esta obligación del particular no puede ser infinita o absoluta, sino que, al establecerse una contribución, deben considerarse ciertos límites o principios constitucionales, pues, de otro modo, esta resulta excesiva, ruinosa o inequitativa para los ciudadanos. En nuestro derecho también se establecen, en el precepto constitucional antes citado, estos límites o principios, entre ellos los de “proporcionalidad” y “equidad” tributarios.

La historia y la literatura nos presentan distintos casos, reales o ficticios, en los que, al considerar los ciudadanos de algún país que una contribución resulta excesiva, ruinosa o inequitativa, se enfrentan a este dilema moral y entonces deciden rebelarse contra el gobierno, como en la novela inglesa Robin Hood o la “Guerra del Té” en Boston. Casos más cercanos también han ocurrido en nuestro país, como, por ejemplo, al establecerse hace algunos años el impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios, que en su momento fue abrogado en virtud de la declaración de inconstitucionalidad por nuestros tribunales, merced a juicios de amparo promovidos por los particulares, y no necesariamente con motivo de una rebelión.

¿Entonces, es justo pagar impuestos?

Desde el enfoque del empresario, la pregunta es legítima. Los impuestos representan un desembolso real que afecta el flujo de efectivo, la rentabilidad y, en algunos casos, la capacidad de un negocio para invertir, contratar o crecer.

Es por eso por lo que el contribuyente tiene derecho a cuestionarse qué recibe a cambio de su sacrificio fiscal. No obstante, una cosa es cuestionar al gobierno y otra muy diferente decidir de manera unilateral dejar de pagar impuestos.

Como ya lo mencionamos, en nuestro país la obligación de contribuir al gasto público está establecida constitucionalmente. El contribuyente no puede determinar por sí mismo cuánto pagar, tomando como referencia su percepción personal sobre la eficiencia o corrupción del gobierno. Pero cumplir ante el desánimo tampoco significa aceptar pasivamente cualquier cobro.

El contribuyente tiene derecho a pagar únicamente lo que legalmente le corresponde, ni un peso más; aplicar las deducciones, estímulos y beneficios previstos por la legislación, y utilizar los medios legales para impugnar actos de autoridad que considere indebidos.

La diferencia es esencial: la búsqueda de la eficiencia fiscal por el contribuyente, a través de la aplicación de beneficios establecidos en la ley, es un derecho; en tanto que la evasión de esa obligación es un incumplimiento.

¿Y qué pasa con quienes no pagan?

Como ya lo señalamos, una parte importante de la actividad económica de nuestro país se desarrolla en la informalidad, lo que deriva en otra problemática, pues tampoco puede atribuirse toda la informalidad a la evasión fiscal, sino también a diversas situaciones, tales como costos de formalización, complejidad administrativa, falta de acceso a mecanismos formales y otras circunstancias económicas y sociales.

Por lo que el verdadero reto no consiste únicamente en perseguir al informal, sino en hacer que la formalidad sea atractiva.

Un sistema tributario complejo, costoso y poco confiable puede incentivar que algunos empresarios busquen permanecer fuera de él. La solución debe combinar fiscalización efectiva con simplificación, certeza jurídica y mejores condiciones para incorporarse a la economía formal.

¿Puede justificarse la evasión como protesta?

Cuando un ciudadano observa corrupción, desperdicio o falta de resultados por parte del gobierno, puede surgir una conclusión aparentemente lógica: “Si el gobierno no cumple, ¿por qué yo tengo que cumplir?”.

El problema es que aceptar ese argumento convertiría el sistema tributario en una decisión individual. Cada contribuyente podría determinar cuándo considera que el gobierno ha incumplido y, a partir de ello, decidir cuánto pagar, con consecuencias impredecibles.

Menos recaudación puede significar menos recursos para servicios públicos, infraestructura, seguridad y programas sociales. Además, la evasión no garantiza que el dinero deje de desperdiciarse; simplemente reduce los recursos disponibles para el gobierno. Por ello, la corrupción gubernamental no convierte automáticamente la evasión fiscal en un acto legítimo o de “resistencia pacífica”.

Sin embargo, que los ciudadanos estén obligados a pagar impuestos no significa que el gobierno tenga derecho a utilizarlos sin límites y a su antojo, pues la obligación fiscal debe ir acompañada de transparencia, rendición de cuentas, eficiencia del gasto y combate efectivo a la corrupción por parte del gobierno.

El ciudadano tiene la responsabilidad de contribuir conforme a la ley; en tanto, el gobierno tiene la obligación de demostrar que esos recursos se utilizan para atender las necesidades colectivas para las cuales fueron recaudados.

Cuando una de las partes incumple, la confianza se deteriora, y el verdadero impuesto es la confianza.

El problema de fondo no es únicamente cuánto recauda el gobierno. Es qué tan dispuesta está la sociedad a confiar en que sus impuestos serán utilizados correctamente. Un sistema basado exclusivamente en auditorías, multas y sanciones puede obligar temporalmente al cumplimiento, pero difícilmente construirá una cultura fiscal sólida.

Para lograrla se necesita algo más: certeza jurídica, simplificación, transparencia, combate a la corrupción y resultados visibles.

El contribuyente no debería plantearse: “¿Cómo puedo dejar de pagar?”, sino que la pregunta correcta debería ser: “¿Cómo puedo cumplir correctamente, sin pagar más de lo que establece la ley y, al mismo tiempo, exigir que el gobierno cumpla con su responsabilidad?”.

Pagar impuestos es una obligación legal. Exigir transparencia y rendición de cuentas también es una responsabilidad ciudadana.

México no necesita ciudadanos que elijan entre cumplir o exigir. Necesita ciudadanos que hagan ambas cosas: cumplir con la ley y exigir que cada peso recaudado sea utilizado con eficiencia, honestidad y responsabilidad.

Porque pagar impuestos puede ser obligatorio, pero lograr que la sociedad quiera pagarlos requiere algo mucho más difícil: confianza.

Artículo elaborado por el C.P.C. Carlos Terrazas Limas, integrante de la Academia Chihuahuense de Estudios Fiscales, A.C.; representa su opinión.