Posverdad

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar sigue alineando su gestión con la agenda social del gobierno federal. Ahora trabaja en el esquema legal para que el DIF Municipal asuma la operación de dos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), en beneficio de 500 niñas y niños hijos de trabajadores no derechohabientes del IMSS.

El edil explicó que sostuvo una reunión con Mauricio Hernández, jefe de Prestaciones del Instituto, quien afina los detalles jurídicos para formalizar la transferencia.

El proyecto tiene lectura doble: en lo inmediato, atiende una demanda real de cientos de familias sin acceso a guarderías del sistema federal; pero en el fondo, refuerza la coordinación entre el Gobierno Municipal y la Federación, una relación que Pérez Cuéllar ha cultivado con cuidado en tiempos donde los apoyos sociales se han convertido en el eje del “Segundo Piso” de la Cuarta Transformación.

Con este esquema, el alcalde se coloca como aliado operativo de la política social de Claudia Sheinbaum, al tiempo que muestra autonomía en la aplicación local. Los CECI, más que simples guarderías, representan el rostro visible de un modelo de bienestar que pretende llevar los programas federales a tierra, justo donde más se resienten las carencias.

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La Cámara de Diputados vivió otra jornada de fuego cruzado. Entre reclamos, pancartas y hasta un bidón de gasolina en el pleno, los legisladores aprobaron con 338 votos a favor y 129 en contra la reforma a la Ley Aduanera, impulsada por Morena bajo el argumento de combatir la corrupción y limpiar las aduanas, históricamente una de las zonas grises del poder público.

El bloque opositor —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— votó en contra, alegando que el dictamen “no toca el corazón del problema”: el contrabando de combustibles o huachicol fiscal, que cada año provoca pérdidas millonarias al erario. Los panistas llevaron su protesta al terreno simbólico: un bidón de gasolina en medio del debate, acusando al oficialismo de “encubrir el robo del siglo”.

Morena respondió con su narrativa habitual: recuperar el control del Estado y acabar con la corrupción institucionalizada. En su versión, la reforma es un paso para cerrar el paso a los cárteles aduaneros que durante años manejaron los puertos y cruces fronterizos al margen de la ley y con protección política.

Entre las medidas aprobadas destacan el fin de las patentes vitalicias para los agentes aduanales, que ahora deberán certificarse cada tres años; la creación de un Consejo Aduanero Nacional con participación de Hacienda, el SAT, la Agencia Nacional de Aduanas y la Secretaría Anticorrupción; y la corresponsabilidad de los agentes para verificar operaciones y evitar facturaciones falsas.

En el fondo, el debate trasciende lo técnico. Morena busca consolidar su control sobre las aduanas, un sector estratégico no solo por su peso fiscal sino por su valor político. Las aduanas son también fronteras de poder, y quien las domina controla no solo mercancías, sino flujos económicos y alianzas regionales.