Posverdad

La visita de representantes de los consulados de El Salvador y Guatemala al albergue municipal Felipe Ángeles en Ciudad Juárez no fue solo un recorrido de cortesía, sino un mensaje político cuidadosamente construido desde el ámbito local. 

En plena tensión migratoria y con la frontera bajo constante lupa nacional e internacional, el Gobierno Municipal decidió “presumir” su modelo de atención humanitaria.

Durante el recorrido, mostraron los servicios y programas dirigidos a personas en contexto de movilidad, destacando el trato digno y la atención integral como carta de presentación ante los países de origen de los migrantes. 

El albergue se convirtió así en vitrina diplomática, en un momento donde la migración dejó de ser solo un tema social para convertirse en un asunto de política exterior y seguridad regional.

El director de Derechos Humanos del Municipio, Santiago González Reyes, fue el encargado de subrayar el discurso institucional: Ciudad Juárez, pese a la presión migratoria, apuesta por una narrativa de derechos humanos y coordinación internacional, justo cuando el debate migrante sigue marcando la relación de México con Centroamérica y con Estados Unidos.

Por parte de Guatemala acudieron el cónsul general Carlos Ranferi Gómez López y la vicecónsul Liliana Elizabeth Ché Lima, mientras que El Salvador estuvo representado por Kevin Alberto Ortiz. A ellos se sumó Jaqueline Michelle Alvarado, especialista en población migrante, reforzando el tono formal y diplomático del encuentro.

El trasfondo es claro: el municipio busca posicionarse como una frontera “ordenada y humanitaria”, enviando señales tanto a los consulados como a los otros niveles de gobierno. 

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La indignación de familiares de los 10 mineros asesinados en Concordia, Sinaloa, escaló al plano político y social al acusar que, en medio de la violencia en la zona minera, la empresa Vizsla Silver Corp habría privilegiado su política de “cero tolerancia al soborno” aun cuando —sostienen— el contexto de extorsiones ya representaba un riesgo para la vida de los trabajadores. 

Para los deudos, el debate dejó de ser empresarial y se convirtió en un reclamo moral: primero estuvo el dinero, después la seguridad de las personas.

Los familiares señalan que la negativa a ceder a exigencias de grupos criminales ocurrió en un entorno donde las amenazas eran conocidas en la región. Bajo esa lectura, cuestionan si hubo protocolos suficientes para proteger al personal en una zona marcada por la violencia. El reclamo no es menor: acusan que la vida de los mineros quedó en medio de una decisión corporativa tomada lejos del territorio.

La compañía respondió que opera bajo las leyes de México y Canadá y reiteró su política de “cero tolerancia” a sobornos, corrupción y extorsión. Informó que colabora con autoridades, que realiza una revisión interna y que mantiene contacto con las familias, a quienes brinda apoyo logístico y financiero, además de acompañamiento psicológico. También comunicó la suspensión de operaciones en el proyecto Pánuco, con trabajos de ingeniería a distancia.

Sin embargo, en el discurso de los deudos pesa otra narrativa: que la responsabilidad social de una minera en zonas de riesgo no puede limitarse al cumplimiento legal, sino que debe incluir prevención y protección efectiva. Ahí es donde el caso empieza a rozar la política pública y la regulación del sector extractivo en regiones bajo presión del crimen organizado.

Entre las víctimas se identificó a trabajadores de distintos estados, incluidos Saúl Alberto Ochoa Pérez y Antonio de la O Valdez, originarios de Chihuahua.