Posverdad

La administración de Héctor Rafael Ortiz Orpinel comenzó a tocar puertas fuera del país para buscar recursos que permitan atender uno de los problemas históricos de Ciudad Juárez: las inundaciones y la falta de infraestructura pluvial.

El Presidente Municipal sostuvo una reunión de trabajo con John Beckham, director general del Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank), donde puso sobre la mesa una cartera de proyectos para explorar opciones de financiamiento y asistencia técnica.

Y el tema no es menor.

Juárez requiere inversiones millonarias para resolver problemas de drenaje pluvial que cada temporada de lluvias vuelven a manifestarse en vialidades, pasos a desnivel y distintos sectores de la ciudad.

Por eso, acompañado del coordinador de Directores, Enrique Licón Chávez, y del director del IMIP, Roberto Mora Palacios, Ortiz presentó tres asuntos concretos: nueva infraestructura pluvial, la actualización del Atlas de Riesgo y la elaboración del Plan Parcial de Manejo de Agua Pluvial.

En pocas palabras, la intención es que el NADBank no solamente pueda aportar lana, sino también conocimiento técnico para estructurar proyectos que posteriormente puedan ejecutarse en la frontera.

La reunión también dejó tarea internacional para Héctor Ortiz.

En la lectura política, Ortiz comienza a imprimir su propio sello al tiempo que mantiene la continuidad de la administración que recibió de Cruz Pérez Cuéllar.

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La primera sesión en la historia del Pleno del Tribunal Superior de Justicia realizada en Ciudad Juárez prometía marcar el arranque de una “nueva era” para el Poder Judicial.

Y terminó sacando los trapitos al sol.

La votación del Plan de Desarrollo Institucional 2025-2035, presentado por la magistrada presidenta Marcela Herrera, abrió un debate donde aparecieron críticas al documento, reclamos por falta de participación y hasta señalamientos de presunta corrupción dentro del propio Tribunal.

El más duro fue el magistrado Rubén Aguilar, de la Quinta Sala Penal, quien emitió el único voto en contra y calificó el Plan como un documento “romántico” cargado de buenas intenciones, pero que no atiende problemas que, aseguró, existen dentro del sistema.

Y ahí soltó la bomba.

Aguilar señaló presuntas irregularidades tanto en Gestión Penal como en el área de Tecnologías de la Información y mencionó directamente a Nahim Josafat Ponce Lucero, quien, afirmó, fue removido de Tecnologías por faltas y posteriormente colocado en Gestión Penal.

Según el magistrado, desde esa posición tendría acceso remoto a información y sentencias de los magistrados penales.

La discusión no terminó ahí.

La magistrada Perla Guadalupe Ruiz González anunció un voto favorable, pero concurrente, al considerar que al PDI le faltan dos componentes fundamentales: un sistema de precedentes y jurisprudencias, así como una verdadera carrera judicial y administrativa que contemple desde la formación hasta la evaluación y permanencia del personal.

Pero también hubo respuesta para quienes cuestionaron el documento.

La magistrada Mahlí Olivas Chacón defendió el trabajo realizado durante las mesas celebradas en Chihuahua y Ciudad Juárez y prácticamente lanzó un raspón a quienes criticaron sin haber participado.

“Puede ser muy fácil para algunos criticar cuando no estuvieron”, expresó.

Otros magistrados, entre ellos Andrés Pérez Howlet, Mariela Salvador y Myrelle Lozoya, respaldaron el Plan, aunque esta última pidió establecer indicadores y darles seguimiento para comprobar que los objetivos realmente se cumplan.

Finalmente, el documento fue aprobado por mayoría.

Pero en la lectura política y judicial, el verdadero tema de aquella primera sesión histórica en Juárez terminó siendo otro.