Posverdad

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nunca mencionó nombres, en Chihuahua pocos dudaron hacia dónde iba dirigido el mensaje.

Y en el equipo de Cruz Pérez Cuéllar la lectura fue inmediata.

La llamada “Ley AntiCruz” recibió un golpe político desde la conferencia mañanera cuando Sheinbaum expresó públicamente su desacuerdo con reformas diseñadas para una entidad específica y que terminan teniendo destinatarios identificables.

“Si se hace para una entidad de la República, entonces ya tiene nombre y apellido el sucesor o sucesora”, lanzó la Presidenta.

Y con esa frase encendió todas las alarmas en la grilla estatal.

Porque aunque formalmente habló de principios generales en materia electoral y de paridad, el contexto político hizo imposible separar el comentario de la discusión que se vive en Chihuahua.

Más aún cuando la mandataria recordó que ya existen mecanismos nacionales para garantizar la participación de las mujeres.

La señal fue interpretada en Morena como un mensaje de piso parejo.

Y por si faltaba algo, también se sumó la nueva dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, quien igualmente manifestó su desacuerdo con la propuesta.

Ahí es donde la lectura política se vuelve interesante.

Porque por primera vez en semanas coincidieron en el mismo tema las dos figuras con mayor peso político dentro del movimiento: Sheinbaum y Ariadna.

Y eso difícilmente pasa desapercibido cuando la batalla por la candidatura de Chihuahua ya comenzó.

En el entorno de Cruz la interpretación fue sencilla: Palacio Nacional no compró la narrativa de modificar reglas para influir en una sucesión estatal.

Mientras tanto, quienes impulsan la reforma sostienen que el objetivo es fortalecer la participación política de las mujeres y garantizar una representación más equilibrada.

Pero en política el contexto importa.

Y cuando la Presidenta dice que una ley puede tener “nombre y apellido”, inevitablemente todos voltean a ver quién podría resultar beneficiado o perjudicado.

Por eso el comentario resonó tanto en Chihuahua.

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Quien salió fortalecida de la última sesión de comisiones en Cabildo fue la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Y detrás del proyecto también aparece la visión impulsada por el rector Daniel Constandse Cortez, quien ha mantenido la apuesta por ampliar la presencia comunitaria de la universidad en sectores con mayores necesidades de la ciudad.

La Comisión de Revisión de las Enajenaciones de Terrenos Municipales aprobó la donación de un predio de 3 mil 825 metros cuadrados en la colonia Cerradas del Sur para fortalecer el centro comunitario que actualmente opera la institución.

La reunión fue encabezada por la regidora Karla Michael Escalante Ramírez, junto con Jorge Marcial Bueno Quiroz y el director de Gobierno, Óscar Murillo Delgado.

Aunque el asunto parecía meramente administrativo, el fondo es mucho más importante.

La universidad busca ampliar un proyecto que actualmente brinda servicios médicos, dentales, psicológicos, jurídicos y de trabajo social a miles de familias del suroriente de Juárez.

De acuerdo con la información presentada por Catia Sánchez, durante 2024 el centro atendió a 17 mil personas y para 2025 la cifra creció a 18 mil usuarios, reflejando la necesidad de ampliar la infraestructura.

Uno de los proyectos prioritarios será la construcción de un comedor comunitario, luego de que personal académico detectara que algunos estudiantes acudían a talleres y actividades sin haber consumido alimentos, afectando su rendimiento escolar.

Ahí es donde la iniciativa adquiere otra dimensión.

Porque más allá de aulas y programas académicos, la UACJ busca fortalecer su papel como institución vinculada directamente con las necesidades sociales de la comunidad.