Posverdad

Claudia Sheinbaum, en su Primer Informe de Gobierno, apenas dedicó unas líneas a Chihuahua, pero suficientes para enviar un mensaje político. En el recuento de obras nacionales, la presidenta habló de tres proyectos vinculados al estado: uno concluido, el Hospital General Regional número 2 del IMSS en Ciudad Juárez, y otros en proceso, entre carreteras y agua.

El subrayado no es casual. Sheinbaum colocó a Ciudad Juárez en el mapa de los logros de salud de la 4T, destacando la entrega de un hospital largamente esperado en la frontera. La mención parece un recordatorio de que el gobierno federal mantiene presencia en un territorio donde el discurso oficial suele chocar con la narrativa de Palacio de Gobierno estatal.

En materia de comunicaciones, el énfasis en las carreteras Bavispe–Nuevo Casas Grandes y Guaymas–Chihuahua apunta a algo más que infraestructura: son rutas estratégicas para la integración regional del norte y para enviar un mensaje de que la inversión pública no se concentra sólo en el sureste. Sheinbaum, con ello, busca equilibrar la geografía política de su administración.

El tema del agua, sin embargo, toca fibras sensibles. Al presumir un programa de tecnificación de riego en 18 distritos, “incluyendo Chihuahua”, la presidenta no sólo se refiere a eficiencia agrícola: toca el corazón de los conflictos recurrentes en la entidad, donde cada gota se disputa entre productores, industria y el mismo gobierno federal.

En pocas frases, Sheinbaum dejó claro que su narrativa nacional también pasa por Chihuahua.

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El Plan C ya tiene juramento. En una sesión solemne que pasará a la historia, nueve ministros y ministras electos por voto popular rindieron protesta en el Senado, dando forma a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. El hecho, más que un trámite protocolario, marca el cierre de un ciclo político iniciado por Andrés Manuel López Obrador y continuado con disciplina por la 4T.

Los nombres que ahora integran el pleno —Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, María Estela Ríos, Sara Irene Herrerías, Giovanni Azael Figueroa e Irving Espinosa— no son ajenos a la arena política y jurídica. Son el resultado de una fórmula inédita: voto popular directo y mayoría legislativa suficiente para consumar el rediseño del máximo tribunal.

En representación de Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica Ernestina Godoy dieron la señal de respaldo político a este nuevo orden judicial. La presidenta no necesitó estar ahí: el mensaje institucional quedó blindado.

El Plan C fue la última carta de López Obrador después de que el Plan A —la reforma electoral constitucional— y el Plan B —los cambios a leyes secundarias frenados por la propia Corte— quedaran atorados. Morena, con su mayoría calificada tras 2024, ejecutó la jugada definitiva: la Corte ya no será la misma, ni en número de ministros, ni en legitimidad política.

Lo que sigue es la verdadera prueba: demostrar si el nuevo diseño fortalece la justicia o simplemente allana el camino a un Poder Judicial alineado con el proyecto político de la 4T. La historia dirá si el Plan C fue un ajuste democrático o la consolidación del control sobre un poder que, hasta hoy, había sido el principal contrapeso.