Posverdad

La nueva designación del Cártel de Juárez como Organización Terrorista Extranjera ya comenzó a reflejarse en el discurso de Washington.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que esta medida permitirá fortalecer la cooperación con las autoridades mexicanas para ampliar las acciones contra quienes integren, financien o colaboren con estas organizaciones criminales.

A través de un mensaje en redes sociales, el diplomático afirmó que la decisión forma parte de la estrategia impulsada por el presidente Donald Trump para desmantelar a los grupos del narcotráfico y las redes que los respaldan.

Pero el mensaje fue más allá de los propios cárteles.

Johnson advirtió que quienes brinden apoyo financiero, logístico o de cualquier otra naturaleza a estas organizaciones también podrían enfrentar consecuencias conforme a la legislación estadounidense.

En la lectura política, la declaración confirma que Washington mantiene la presión sobre el combate al crimen organizado y busca ampliar el alcance de sus herramientas legales.

Para Ciudad Juárez, el tema tiene un significado especial.

Que el nombre del Cártel de Juárez aparezca dentro de la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras coloca nuevamente a la frontera en el centro de la agenda de seguridad entre México y Estados Unidos.

Y aunque el embajador reiteró que ambos gobiernos continúan trabajando de manera conjunta contra el tráfico de drogas, armas y otras actividades ilícitas, el tono del mensaje deja claro que la administración Trump pretende intensificar la cooperación y endurecer las acciones contra las estructuras criminales.

La designación también abre un nuevo escenario.

Porque, además de perseguir a los integrantes de estos grupos, Estados Unidos anticipa que buscará actuar contra las redes de apoyo que faciliten sus operaciones, un alcance que podría tener implicaciones tanto en investigaciones financieras como en procesos judiciales de carácter transnacional.

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Mientras el Gobierno Federal ha utilizado al Banco del Bienestar principalmente para dispersar los programas sociales, el diputado federal Alejandro Domínguez Domínguez propone darle una nueva función: convertirlo también en una institución que otorgue créditos directamente a los pequeños y medianos productores rurales.

El legislador presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Banco del Bienestar y permitir que la institución opere esquemas de financiamiento de primer piso, es decir, que pueda prestar recursos sin intermediarios a quienes desarrollan actividades agrícolas y pecuarias.

La propuesta plantea modificar los artículos 7 y 8 de la ley para crear ventanillas de crédito con productos financieros diseñados conforme a los ciclos del campo, aprovechando la red de sucursales que el Banco del Bienestar ya tiene instalada en gran parte del país.

La apuesta, explicó Domínguez, es facilitar que los productores puedan acceder a capital para adquirir insumos, maquinaria, tecnificación y enfrentar contingencias como sequías, plagas o fluctuaciones en los precios de sus productos.

Uno de los argumentos centrales de la iniciativa es que no sería necesario crear una nueva estructura burocrática.

El planteamiento consiste en utilizar la infraestructura y el personal con que ya cuenta el Banco del Bienestar para ampliar sus servicios financieros hacia el sector rural.

En la lectura política, la propuesta también abre un debate sobre el papel que debe desempeñar el Banco del Bienestar.

Hasta ahora, su principal función ha sido la dispersión de apoyos sociales del Gobierno Federal.

Con esta iniciativa, el PRI plantea que también se convierta en una banca de desarrollo con capacidad para impulsar la producción agropecuaria.

En un estado como Chihuahua, donde el campo enfrenta retos derivados de la sequía, los costos de producción y la falta de financiamiento, la discusión podría cobrar especial relevancia.