Posverdad

El coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia, Guillermo Asiain, entró a la discusión por la detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, y cuestionó tanto la prisión preventiva como la acusación de traición a la patria, que consideró desproporcionada.

Y es que el caso del exfuncionario estatal ya salió del terreno estrictamente judicial para convertirse también en un asunto de discusión política y de seguridad pública.

Asiain puso sobre la mesa un tema que va más allá de Jáuregui: el uso de la prisión preventiva en México y las condiciones bajo las cuales una persona puede permanecer encarcelada sin que exista todavía una sentencia.

Pero la parte más delicada de sus declaraciones llegó cuando recordó lo ocurrido en El Pinal, en abril de 2026, donde fue desmantelado un narcolaboratorio de grandes dimensiones.

Para Asiain, el mensaje que puede dejar este proceso es preocupante, pues considera que quienes participaron en el desmantelamiento de ese laboratorio ahora enfrentan acciones de la justicia.

Y ahí está precisamente el punto que abre una discusión más amplia.

Porque una cosa es investigar posibles irregularidades cometidas durante un operativo y otra determinar si existen elementos suficientes para sostener una acusación tan grave como la de traición a la patria.

La postura de Asiain no resuelve el fondo del expediente ni sustituye las decisiones judiciales, pero incorpora a la discusión la preocupación de un representante de la Mesa de Seguridad y Justicia sobre el uso de las medidas cautelares.

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La inconformidad entre trabajadores y jubilados del IMSS en Chihuahua llegó hasta la dirigencia sindical, donde un grupo de empleados exige la destitución de Jorge Arturo Herrera Navarro, secretario general de la Sección 8 del SNTSS, a quien acusa de irregularidades en su representación y presuntas represalias contra la base trabajadora.

Y es que el pleito no es menor. Los inconformes aseguran que Herrera Navarro carece de toma de nota, el documento que acredita formalmente la representación sindical, por lo que cuestionan las facultades con las que ejerce el cargo.

Fue Flora Arellano Acevedo, enfermera del Hospital General Regional Número 66, quien puso el tema sobre la mesa.

Pero las acusaciones no se quedaron solamente en la situación jurídica del dirigente.

Los trabajadores también señalaron presuntas violaciones a los estatutos sindicales, abusos de autoridad y hostigamiento, además de cuestionar la actuación del dirigente nacional del sindicato, Rafael Olivos.

A la exigencia se sumaron Saturnino Ortiz Soriano, trabajador jubilado, y Juan Carlos Arias Noriega, jefe de piso del Hospital Regional 66, quienes respaldaron la convocatoria a un congreso nacional extraordinario para revisar la permanencia de los representantes sindicales.

Y mientras la disputa sindical sube de tono, apareció otro problema que afecta directamente la operación del Seguro Social.

Los inconformes denunciaron que los choferes de ambulancias no reciben los viáticos correspondientes cuando trasladan pacientes a hospitales de tercer nivel, una situación que, de acuerdo con sus señalamientos, complica las condiciones de trabajo del personal encargado de estos servicios.

También advirtieron sobre el desabasto de insumos médicos, un asunto que trasciende las diferencias sindicales porque puede afectar las condiciones en las que se brinda atención a los derechohabientes.

Así que la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social enfrenta cuestionamientos por dos frentes: la legitimidad de su dirigencia y las condiciones laborales que denuncian sus propios agremiados.