Posverdad

Los regidores dejarán por un momento las oficinas para acudir directamente al campo. Este día, integrantes de la Comisión de Revisión de las Enajenaciones de Terrenos Municipales realizarán una inspección en una zona invadida que, de regularizarse, podría brindar certeza jurídica a cientos de familias.

La actividad forma parte de la reunión de dicha comisión, en la que se contempla la visita de inspección y verificación física del predio ubicado en el bulevar Óscar Flores Sánchez número 5539, en la colonia La Cuesta.

El objetivo de la revisión es analizar el proceso de enajenación de un área municipal, con el propósito de avanzar en la regularización de los terrenos y otorgar seguridad jurídica a los propietarios que actualmente habitan en el sector.

A la inspección acudirán los regidores Karla Michael Escalante, Héctor Hugo Avitia Arellanes y Jorge Marcial Bueno Quiroz.

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La propuesta de blindar elecciones contra el crimen organizado ya empezó a generar resistencia dentro del propio sistema electoral.

Y ahora quien salió a poner límites fue la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala.

El mensaje fue clarísimo: el INE no quiere convertirse en filtro de “narcocandidatos”.

Luego de la iniciativa impulsada por Claudia Sheinbaum Pardo para impedir candidaturas vinculadas al crimen organizado, Taddei advirtió que obligar al instituto a juzgar la probidad de aspirantes pondría en riesgo la imparcialidad electoral.

“El instituto es una autoridad estrictamente administrativa; no es un órgano ministerial ni judicial”, sostuvo. Y ahí está el centro del debate.

Porque mientras Morena y Palacio Nacional empujan la narrativa de limpiar candidaturas y blindar procesos electorales, el INE advierte que meterlo a revisar perfiles criminales podría convertirlo en actor político dentro de las disputas partidistas.

Especialmente porque la propuesta contempla la creación de una comisión permanente dentro del propio INE que podría solicitar información a la Unidad de Inteligencia Financiera, Fiscalía General de la República y organismos de seguridad e inteligencia para determinar si existe “riesgo razonable” en alguna candidatura.

La explicación técnica vino desde la Consejería Jurídica de Presidencia, encabezada por Luisa María Alcalde Luján, quien detalló que el mecanismo buscaría evitar infiltración criminal en procesos electorales.

Pero Taddei respondió con otra preocupación: ¿quién decide qué es un riesgo razonable?

Y ahí comienza el terreno peligroso.

Porque si el INE entra a revisar expedientes, antecedentes o inteligencia de candidatos, inevitablemente terminará atrapado en acusaciones de parcialidad política.