Posverdad

En Ciudad Juárez ya es tradición: cada fin de año, junto con el frío y el ponche, llega el pleito por el agua. Y como buenos protagonistas de serie anual, Cruz Pérez Cuéllar y Sergio Nevárez volvieron al ring. Mismo tema, nuevos argumentos… pero la misma tensión de siempre.

El alcalde fue quien tiró el primer jab: 

El agua aumentará hasta 17% en 2026, según explicó, porque aunque el Consejo de la JMAS aprobó un 7%, la indexación mensual de 0.75% terminará engordando la cuenta.

Y para que no quede duda de dónde se coloca políticamente, Cruz dejó constancia de que los representantes del Municipio votaron en contra. Golpe directo al hígado de la Junta.

Nevárez no tardó en responder. Desde redes sociales —su esquina favorita— aclaró que:

El aumento fue “una decisión consensuada y votada por el Consejo”, donde hay cámaras empresariales, sociedad civil, colegios y académicos. Él no vota, solo ejecuta.

Y que la culpa de los incrementos es clara: Conagua ya no manda dinero. Ahora todo se paga con los recibos de agua.

La defensa incluyó la frase clásica: “cada peso que ingresa regresa a los juarenses en obras”. 

Resultado parcial del round: Cruz hace ver a la JMAS como la del “tarifazo”. Nevárez hace ver al Gobierno Federal como el ausente.

Ahora falta el contraataque de Nevarez y opositores vs Cruz en donde el tema anual es el predial.

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A veces la oposición en el Congreso se pone de acuerdo. Es raro, pero pasa. Este día, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad —sí, 450 votos a favor— una reforma que endurece de manera histórica las penas por el delito de extorsión. Y no es casualidad: si hay un delito que toca todos los sectores del país, desde tienditas hasta grandes empresas, desde agricultores hasta transportistas, ese es justamente este.

La reforma, ya corregida por el Senado, sube la pena básica a 15–25 años de prisión y desde ahí empieza a escalar dependiendo de la víctima y el contexto. Comerciantes, empresarios, agricultores, ganaderos y prestadores de servicios —los más exprimidos por el cobro de piso— quedan protegidos con una sanción aumentada de 19–33 años.

Pero donde el Legislativo apretó de verdad fue en los casos con mayor vulnerabilidad o abuso de poder:

menores, adultos mayores, mujeres embarazadas, migrantes, o cuando el agresor tenga acceso a información privada. Ahí la pena puede llegar a 37 años.

Y el castigo máximo —el que se reservó para la extorsión con violencia física, con armas, los tristemente famosos montachoques, ataques a libertad de expresión o cuando el responsable sea autoridad o seguridad privada— sube hasta 42 años de prisión.

Más allá de los números, aquí hay un mensaje político muy claro:

extorsionar ya no es un delito que se persigue en papel, sino uno que se quiere castigar con fuerza real.