Posverdad

Algo que podría parecer menor, pero que toca una de las quejas más frecuentes de los juarenses, llegará este día a la mesa de Cabildo.

Los integrantes de la Comisión de Servicios Públicos, Héctor Hugo Avitia Arellanes, Jorge Marcial Bueno Quiroz y Laura Fernanda Ávalos Medina, sostendrán una sesión extraordinaria para revisar modificaciones al marco normativo en materia de higiene urbana y disposición de residuos.

Y el objetivo es claro: endurecer las sanciones.

La propuesta busca castigar con mayor severidad la acumulación de escombros, basura y materiales de construcción tanto en espacios públicos como en predios particulares que terminan afectando la imagen urbana, la movilidad y hasta la salud pública.

No es un tema menor. Durante años, montones de escombro abandonados en lotes baldíos, banquetas, arroyos y vialidades han sido una de las principales fuentes de quejas ciudadanas, además de generar focos de contaminación y problemas durante las lluvias.

Por eso la intención es actualizar las reglas para que las sanciones sean más efectivas y desincentiven una práctica que se ha vuelto común en distintos sectores de Ciudad Juárez.

En la lectura política también hay mensaje.

Porque mientras gran parte de la atención pública está concentrada en la grilla estatal y nacional, el Cabildo busca avanzar en temas de servicios públicos que impactan directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos.

La pregunta será si las nuevas multas y sanciones realmente lograrán cambiar conductas o si terminarán enfrentándose al viejo problema de siempre: la falta de vigilancia y aplicación de los reglamentos.

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La batalla política por el llamado “corralazo” acaba de sumar un nuevo capítulo.

Y ahora la respuesta vino desde la propia Fiscalía CDMX.

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, acusó directamente a la gobernadora María Eugenia Campos Galván de manipular la información respecto al citatorio que recibió relacionado con la denuncia presentada por el senador Javier Corral Jurado.

Según Bertha Alcalde, el citatorio no forma parte de una investigación para procesar a Maru Campos, sino de una audiencia derivada de la impugnación que presentó Corral después de que la propia Fiscalía de la Ciudad de México determinó que no existían elementos para perseguir el supuesto delito denunciado.

En otras palabras: la Fiscalía sostiene que está cerrando el caso, no abriéndolo.

El trasfondo sigue siendo el famoso operativo del 14 de agosto de 2024 en el restaurante Gin Gin de la Ciudad de México.

Aquella noche, agentes de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua intentaron ejecutar una orden de aprehensión contra Javier Corral por presuntos delitos de peculado y corrupción.

La acción terminó frustrada cuando intervino Ulises Lara López, quien argumentó que los agentes chihuahuenses no contaban con la colaboración institucional requerida para operar fuera de su jurisdicción.

Las imágenes de Corral saliendo acompañado por Lara dieron origen al término que desde entonces domina la narrativa política: el “corralazo”.

Y ahora, casi dos años después, el episodio sigue produciendo consecuencias.