Posverdad

El Senado de la República eligió este día a Ernestina Godoy Ramos como la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR). Con 97 votos a favor, 19 en contra y 11 nulos, la exfiscal capitalina alcanzó la mayoría calificada requerida y tomó protesta de inmediato ante la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo.

La votación cerró un proceso que inició con 43 aspirantes. Una primera depuración dejó 10 perfiles que se enviaron a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien a su vez propuso una terna final integrada por Godoy, Luz María Zarza y Maribel Bojorges. El desenlace confirma que Godoy era la candidata más fuerte desde el principio: su cercanía política con Sheinbaum y su experiencia en tareas de procuración de justicia fueron determinantes en la decisión.

En su comparecencia ante el pleno, Godoy sostuvo compromisos que buscan marcar distancia respecto a la gestión de Alejandro Gertz Manero, quien dejó el cargo para asumir una posición diplomática. Aseguró que bajo su mando no habrá fabricación de culpables, persecuciones políticas ni impunidad, y que la institución deberá fortalecerse tanto en protocolos de actuación como en mecanismos de respeto a los derechos humanos y erradicación de la tortura.

La trayectoria de Godoy la respalda: ha sido diputada, titular de la Procuraduría y posteriormente de la Fiscalía de la Ciudad de México, además de consejera jurídica en el arranque del actual gobierno federal. En todos esos cargos ha tejido una reputación de operadora política eficaz y de funcionaria cercana al proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

Más allá del protocolo parlamentario, su llegada envía un mensaje importante: Sheinbaum quiere una Fiscalía alineada al nuevo esquema de seguridad y al fortalecimiento institucional, pero también plenamente confiable para su administración. La figura de Godoy representa continuidad política y, al mismo tiempo, la oportunidad de un cambio de estilo en la impartición de justicia.

El reto es enorme y no admite margen de error: que la FGR recupere credibilidad, que sea más cercana a las víctimas y que deje de ser vista como un instrumento de poder.

El país ya cambió de liderazgo.

Ahora la Fiscalía debe demostrar que también puede cambiar.

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El Gobierno del Estado abrió de manera formal la conversación sobre un posible incremento del Impuesto Sobre Nómina (ISN) en Chihuahua. La propuesta, incluida en el Paquete Económico 2026, plantea subir un punto porcentual este impuesto con el argumento de destinar los recursos directamente a obra pública.

El Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, confirmó que ya existen mesas de diálogo con cámaras empresariales, quienes serían los primeros en resentir la medida. De acuerdo con el funcionario, el sector privado ha mostrado voluntad para escuchar y analizar la propuesta, aunque todavía falta el verdadero debate: quién paga cuánto y para qué.

Hoy el ISN es uno de los motores de financiamiento de infraestructura en el estado. Subirlo equivaldría a pedir al empresariado que aporte más para que el gobierno pueda construir más. En papel, el mensaje es atractivo: más inversión productiva, mejores condiciones urbanas, potencial de competitividad. Sin embargo, el sector empresarial suele recordar que cada punto adicional de impuesto es un punto más de presión sobre las nóminas, especialmente para negocios medianos y pequeños que operan con márgenes limitados.

El presupuesto ya se analiza en el Congreso del Estado, en manos de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El secretario no descartó comparecer si así lo solicitan las y los diputados, lo que anticipa un debate frontal sobre impacto económico, destino de los recursos y garantías de transparencia.

La discusión también será política. Mientras el gobierno estatal planteará que se trata de una inversión en infraestructura para el crecimiento, habrá voces que adviertan que los empresarios no pueden convertirse en la fuente permanente de compensación presupuestal, sobre todo en un contexto donde la inflación golpea salarios y costos operativos.